La ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias se reúne el lunes para analizar las consecuencias del rechazo al decreto ley sobre el uso del superávit de los ayuntamientos. Son más de 15.000 millones de euros que siguen bloqueados.
Los técnicos señalan que existen alternativas para que los consistorios dispongan cuantos antes de sus ahorros. La vía más directa es aprobar una norma para poder ejecutar inversiones financieramente sostenibles, como se viene haciendo desde el año 2013. Ángel Díaz Mancha, presidente del Colegio de Secretarios e iIterventores de la provincia de Badajoz, señala que sería necesario ampliar el destino del dinero y arbitrar una fórmula dirigida a los ayuntamientos que no disponen de superávit.