El extremeño Lorenzo Ramos, que esta semana ha sido reelegido como secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), espera que la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria permita garantizar que los precios que se pagan a los productores garantizan, al menos, los costes de producción.
"Ahora se dan las condiciones para que la ley funcione y se cumpla", señala. Entre las propuestas que todas las organizaciones agrarias han realizado a los grupos políticos están la creación de un registro público de contratos o reforzar el personal inspector de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
Ramos reconoce que la situación del sector agrario "está empeorando" y apuesta por un mayor apoyo al modelo de agricultura familiar. En ese sentido, UPA plantea que la nueva PAC destine un 20% del presupuesto a un "pago redistributivo" que garantice un nivel de ayudas a las primeras hectáreas o cabezas de ganado.
