El conflicto en Ucrania ha puesto de relieve la importancia estratégica de las tierras raras, elementos fundamentales para la industria tecnológica y energética. Con la llegada de la administración Trump, Estados Unidos ha llegado a condicionar su apoyo a Kiev al acceso a sus ricos yacimientos de litio, grafito y tierras raras, mostrando cómo estos recursos se han convertido en armas geopolíticas. Mientras Europa lucha por reducir su dependencia de China, que controla el 90% de la producción mundial, regiones como Extremadura emergen como áreas clave en la búsqueda de nuevos yacimientos.
El pasado mes de agosto, la Junta de Extremadura concedía un permiso de investigación sobre una superficie de 49.500 hectáreas en la provincia de Cáceres, abarcando 20 municipios de las comarcas de Los Ibores y Campo Arañuelo. El objetivo es explorar el subsuelo en busca de estos valiosos minerales que son esenciales para la fabricación de motores eléctricos, aerogeneradores, baterías, y tecnología militar avanzada.
La geopolítica de los minerales estratégicos
"Europa necesita reservas propias para reducir su dependencia de terceros países, y Extremadura tiene un gran potencial en este ámbito", señala Francisco Fernández, delegado del Colegio de Geólogos de Extremadura. Según el experto, "las características geológicas de Extremadura son favorables para albergar yacimientos de tierras raras", aunque aún se encuentra en una fase preliminar. Además, no se descarta que yacimientos de metales que ya han sido explotados en la región puedan contener también estos codiciados elementos. "En explotaciones metálicas pasadas, como las de wolframio, estaño o níquel, es probable que haya presencia de tierras raras, aunque hasta ahora no se hayan buscado de forma específica", explica el geólogo.
Un camino largo y garantista
A pesar del potencial, Fernández destaca que la minería de tierras raras no es inmediata ni sencilla. "Incluso si se descubren yacimientos viables, se requerirán años de estudios antes de poder explotar el recurso", el experto recuerda que la legislación española es muy garantista y exige rigurosos controles medioambientales antes de autorizar cualquier explotación minera.
