Las comunidades autónomas de Extremadura y Galicia han mostrado su rechazo a "cualquier tipo de financiación privilegiada" y han advertido de que no van a "aceptar jamás acuerdos bilaterales que lo que hagan sea saquear la caja común", así como "pisotean el principio de igualdad entre todos los españoles".

Ambas regiones también han mostrado su rechazo a la condonación de la deuda que quiere aprobar el Gobierno de Sánchez a Cataluña, que es "producto también de otra extorsión separatista", ya que "no es condonación, es una condena a pagar entre todos una deuda que está provocada por el despilfarro del independentismo".

Así se recoge en una declaración institucional que han firmado en Mérida la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en un encuentro entre ambos gobiernos.

Un encuentro institucional que se produce tras una semana "lamentablemente histórica" porque el Gobierno "ha vuelto a dar otro impulso a ese plan separatista para que Sánchez permanezca en Moncloa", ha señalado Guardiola.

Por su parte, el presidente gallego ha considerado que la financiación singular para Cataluña "es un eufemismo para no decir la palabra cupo", y que supondría "un quebrantamiento absoluto del principio de igualdad básica entre territorios", así como "de garantía de prestación de los servicios fundamentales en todo el territorio de España, del que a día de hoy todos formamos parte".

Desde que estallara la investigación judicial, en mayo de 2024, cinco procesados altos cargos de la Diputación han abandonado los puestos que les pueden llevar al banquillo de los acusados o se han producido cambios.

Primero, el protagonista. David Sánchez, que oficialmente dejó la Diputación como jefe de la Oficina de Artes Escénicas el 5 de mayo, y ahora espera la resolución de la jueza Beatriz Biedma para saber si puede vivir en Japón, ya tiene el visado desde abril. 

A Mérida se ha trasladado Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación hasta finales de mayo y que ahora es diputado regional y jefe de filas del PSOE extremeño en la Asamblea.

Pero en los últimos días hemos conocido tres nuevos movimientos en la lista de 11 imputados. Luis Carrero ha presentado su cese como coordinador de Actividades Transfronterizas, su plaza en comisión de servicios se ha convocado y ha confirmado, en una renuncia firmada por el vicepresidente tercero de la institución, Ramón Diaz Farias, que no se presentará.

Carrero también acaba en Mérida. Ya no trabaja en la Diputación de Badajoz desde el pasado 30 de junio y el 1 de septiembre se incorporará a su plaza de profesor en la Escuela Oficial de Idiomas emeritense.

Convocatorias en el BOP

Otro movimiento es el de Juana Cinta Calderón, imputada como directora del área de Recursos Humanos pero que ahora es coordinadora de Cooperación Municipal. Su plaza ha salido convocada en el Boletín Oficial de la Provincia y no se sabe si se presentará o volverá a Olivenza.

El último movimiento tiene fecha del pasado 8 de julio, la Diputación ha convocado la plaza que hasta ahora ocupa Manuel Candalija, director del área de Cultura, Deportes y Juventud. La cobertura también tiene la firma de Díaz Farias, que ha contado a Canal Extremadura que "es un proceso al que se someten todos los directores de área cada dos años".

El propio Candalija nos ha confirmado que volverá a presentarse, lleva ligado a la Diputación una década, a donde llegó como funcionario de la Asamblea de Extremadura. Pero al salir la convocatoria pública de la plaza, admite que "puede ganar otro candidato".

En total son 11 procesados, cinco se han movido durante el proceso judicial, tres abandonaron la Diputación antes de abrirse el caso Azagra. Únicamente tres imputados continúan ligados a la plaza que les puede llevar a juicio.