El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha solicitado a la Comisión Europea el envío de 391 millones de euros en 2025, un 11,6% más, para financiar los programas operativos de las organizaciones de productores en el sector de frutas y hortalizas. En concreto, se trata de una previsión que se realiza a principio de cada anualidad, en función de los fondos operativos aprobados por las comunidades autónomas. La ayuda definitiva suele situarse entre el 80 por ciento y el 85 por ciento de la cantidad solicitada.

Las beneficiarias de estos fondos serán 419 organizaciones de productores repartidas en 15 comunidades autónomas. Los mayores importes corresponden a Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Extremadura y Navarra.

De acuerdo con los últimos datos, España se mantiene como el primer Estado miembro por ejecución de programas operativos, con el 33% del total de la Unión Europea (UE), seguido de Italia (29%) y Francia (15%). Estos apoyos mantienen una tendencia creciente desde la instauración de este sistema en 1997. Tras dos años desde el inicio de la aplicación de la última reforma de Política Agraria Común (PAC), por primera vez los programas operativos ejecutados (Reglamento (UE) 2021/2115) superan a los del periodo anterior de programación. Las organizaciones de productores deberán finalizar su transición al nuevo marco regulatorio el 31 de diciembre de 2025 a más tardar.

Régimen de apoyos al sector

En virtud de este sistema, las organizaciones de productores que constituyan un fondo operativo tienen la posibilidad de acceder a ayudas para realizar diversas acciones en el marco de sus programas operativos plurianuales. De esta forma, entre estas acciones se incluyen mejoras de las infraestructuras productivas, de la comercialización, de la calidad y el medio ambiente, a la investigación y producción experimental y formación y asesoramiento, así como a la prevención de crisis y gestión del riesgo.

Así, en el marco del Reglamento (UE) 2021/2115, las organizaciones de productores se benefician de una ayuda financiera de la UE en régimen de cofinanciación del 50% del coste de los gastos efectuados (ampliable al 60%, 80% o incluso al 100% en determinados casos). Esta ayuda tiene un límite general del 4,1% del valor de la producción comercializada de cada entidad. Esta cifra se puede elevar anualmente en 0,5 puntos para las intervenciones que contribuyan a objetivos concretos a lo largo de la duración del programa operativo.

El Departamento que lidera Luis Planas ha recordado que la normativa de la PAC 2023-2027 en el sector de frutas y hortalizas introduce nuevos incentivos al establecimiento de fondos operativos y al diseño de programas avanzados. Así mismo, refuerza el carácter medioambiental de estas ayudas, al exigir que se destinen a este objetivo un mínimo del 15% de gasto, y otro 2% a I+D.

La derogación de la Ley de Memoria Histórica para pactar una nueva, no afectará, ha confirmado hoy la Junta, a otras normas como la ley LGTBI, que los de Abascal también han pedido derogar.  

El asunto parecía descartado hace apenas un mes, cuando se tumbó en la Asamblea la Ley de Concordia propuesta por VOX. Pero este nuevo acercamiento entre la Junta y los de Abascal lo ha vuelto a poner encima de la mesa. Derogar la actual ley regional de Memoria Histórica para acordar una nueva.  Y aunque desde el gobierno de María Guardiola se insiste en que la nueva Ley de Concordia huirá de 'revanchismos' y mejorará el texto del PSOE sin llegar a lo que pide Vox; la noticia no ha sentado nada bien a la Asociación Extremeña para la Recuperación de la Memoria Histórica, que anuncia que tomará medidas.

En cualquier caso, la derogación de esta norma no supondrá modificaciones en otras, como la ley LGTBI, que VOX también ha pedido suprimir. Lo ha confirmado, tajante, el consejero de Presidencia. Y en este sentido, ha recordado, que la presidenta extremeña decidió asumir las competencias de igualdad y crear una secretaría general específica para que "nunca estén en cuestión" los derechos del colectivo.