Doce años de cárcel de cárcel para el profesor de música condenado por cometer abusos sexuales contra cuatro menores en Zamora. Su último destino profesional fue el conservatorio de Almendralejo.

Además de la pena de prisión, la sentencia impone cinco años de libertad vigilada tras su salida, la prohibición de acercarse a las víctimas, y una indemnización de 2.000 euros para cada una de ellas. También se le impone una inhabilitación de 10 años para ejercer como docente o participar en actividades con menores una vez cumplida la condena.

La Junta de Extremadura ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno una serie de medidas destinadas a mejorar la financiación de las familias y fomentar el empleo inclusivo. Entre ellas, destaca una ayuda de 500 euros por nacimiento o adopción en municipios de menos de 3.000 habitantes, así como en pedanías y entidades locales menores.

Estas ayudas podrán solicitarse con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024 y, como novedad, se elimina el criterio de renta.

Además, el Ejecutivo regional ha anunciado una inversión de 29 millones de euros en ayudas para el empleo de personas con discapacidad. Esta medida busca reforzar la inclusión laboral y apoyar a los centros especiales de empleo y empresas que contraten a personas con discapacidad.

Funcionarios de prisiones se han concentrado este martes a las puertas de los centros penitenciarios de Cáceres y Badajoz, en una protesta que se ha repetido en todas las cárceles del país. La movilización responde a la agresión sexual sufrida por una psicóloga en la prisión de Sevilla II, un hecho que ha sido condenado de forma unánime por los trabajadores del sector.

Los manifestantes aseguran que no se trata de un caso aislado. En Extremadura, en los últimos dos años, se han registrado diez agresiones a personal penitenciario: cinco en cada uno de los centros regionales. Por ello, reclaman medidas urgentes para garantizar su seguridad.

Entre sus demandas, destacan el refuerzo de medios materiales y humanos, una mejor clasificación de los internos según su peligrosidad, y el reconocimiento legal como agentes de la autoridad, lo que implicaría una mayor protección jurídica ante agresiones.