El juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz investiga a la gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) en Badajoz, Inmaculada Sánchez Polo, por supuestos delitos de fraude y otros ilícitos económicos, además de una posible incompatibilidad para desempeñar el cargo. La querella ha sido interpuesta por un empresario del sector y en ella, relacionan a Polo con la quiebra de varias clínicas privadas.

Desde la Junta de Extremadura, la consejera de sanidad, Sara García Espada, asegura que mantendrán un absoluto respeto por la decisión judicial y que esperarán a que esta se produzca para tomar cualquier decisión.

PSOE exige explicaciones

La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha exigido "explicaciones claras y razonadas" sobre la situación de Sánchez Polo. Al respecto, Gil Rosiña ha recordado que una de las primeras decisiones de la presidenta extremeña, María Guardiola, fue suprimir la comisión parlamentaria que "debía velar por la transparencia de los nombramientos públicos, precisamente para evitar casos de incompatibilidad y garantizar el interés general". "Hoy se demuestra que aquella decisión buscaba ocultar y blindar nombramientos cuestionables", ha subrayado la diputada socialista.

Además, Rosiña ha criticado el "desastre manifiesto" en la gestión del SEPAD y de la Consejería de Salud "en su conjunto". Muestra de ello, dice, es que los trabajadores de las residencias no han cobrado la nómina de agosto, ni los trienios, ni las horas extra, ni la nocturnidad. "Estamos ante una gestión caótica, que recuerda lo sucedido con el transporte escolar. El SEPAD es hoy la casa de los líos, y la Consejería de Salud incapaz de dar respuestas a trabajadores y usuarios", ha asegurado.

El grupo socialista también, acusa al ejecutivo regional de privatizar servicios como la teleasistencia avanzada dejando en el aire la atención de 8.000 usuarios.

El Ministerio ha decidido prolongar el periodo de riesgo alto de incendios forestales en todo el país hasta finales de octubre. Esta extensión responde a las condiciones meteorológicas y al estado del terreno, que siguen siendo propicios para la propagación del fuego.

En Extremadura, el periodo de riesgo alto está fijado hasta el 15 de octubre. La Junta de Extremadura estudia si aplicará también esta ampliación en la comunidad autónoma, en función de la evolución meteorológica y las recomendaciones técnicas. El próximo lunes el Ejecutivo regional mantendrá una reunión con responsables de la AEMET para abordar esa posible ampliación hasta el 1 de noviembre