La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura ha instado a la Junta, ayuntamientos y diputaciones a abonar "cuanto antes" los atrasos del incremento salarial del 2,5 por ciento a los empleados públicos correspondiente a 2025, cumpliendo así el Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y el servicio a los ciudadanos.
El sindicato ha reclamado asimismo a las administraciones locales, provinciales y autonómica que actualicen en enero las nóminas de sus empleados públicos con esa subida del 2,5 por ciento de este año, más el 1,5 por ciento pactado para 2026.
Aplicación del acuerdo y cifras
La organización sindical ha exigido "máxima celeridad" al conjunto de las administraciones públicas en la aplicación de la subida salarial firmada la semana pasada con el Gobierno central, una vez que el acuerdo ha recibido el visto bueno este martes por parte del Consejo de Ministros.
De modo que, en enero de 2026, ha insistido en nota de prensa, los aproximadamente 100.000 empleados públicos de la región vean reflejado en sus nóminas un incremento salarial del 4 por ciento.
Con este acuerdo, "por primera vez, desde el año 2010, empieza a mejorar la situación de los empleados públicos, que van a poder recuperar un 2,9 por ciento de poder adquisitivo", ha subrayado CSIF Extremadura.
Impacto económico y mejoras laborales
En este sentido, los atrasos de 2025 que se debe abonar a los empleados públicos, con efecto retroactivo desde enero, pueden suponer entre 500 y 700 euros de media, y en 2026, la subida salarial será de en torno a 1.700 euros de media.
Para el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, se trata del "mejor acuerdo posible teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa el país" y ha apremiado por ello a las administraciones a abonar los atrasos y actualizar las nóminas el próximo mes de enero para que los empleados públicos noten las mejoras salariales que les permitan recuperar poder adquisitivo.
De esta manera, Román ha exigido la "mayor celeridad" para el cumplimiento de este acuerdo con el que, además de aumentar las retribuciones, se logra mejorar derechos y otras cuestiones en el ámbito del empleo público como la promoción interna, formación y permisos.
