El pasado 3 de Mayo se cumplían 13 años desde que nuestro país se unió a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Uno de los hechos más relevantes en toda la historia para este sector de la población. Se firmó en Nueva York en 2006. Les garantiza el disfrute de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, y promueve el respeto a su dignidad. Se ha conmemorado en la sede del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Y allí estuvo Luis Moral.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento internacional que busca que se cumplan los derechos humanos más básicos para este segmento de la población. También busca proteger la dignidad de las personas con discapacidad y su calidad de vida. Para ello, se debe promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de dichos derechos y garantizar que estas personas gocen de plena igualdad ante la ley.
En resumen, se trata de que quien sufra cualquier tipo de discapacidad física, mental, intelectual o sensorial deje de toparse con barreras que impidan su participación plena y efectiva en la vida social. Así lo decían los presidentes de CERMI en Extremadura y España, Jesús Gumiel y Luis Cayo Pérez Bueno
Reivindicaban también en sus intervenciones mejoras en accesibilidad cognitiva, con una ley que exija y fiscalice su cumplimiento. Es el próximo horizonte al que hay que llegar, apuntaba Luis Cayo Pérez
La concejala emeritense de Diversidad Funcional e Inclusión, Susana Fajardo, leía el manifiesto por una vivienda inclusiva, accesible y asequible. También apuntaba ese manifiesto que se debe aumentar el número de las viviendas públicas habilitadas para todas esas personas. Y lo más importante, el diálogo permanente entre las instituciones públicas y las entidades del tercer sector.
Un acto celebrado en Mérida, donde el presidente nacional de CERMI, entregaba a la Junta de Extremadura, el premio a la mejor acción del 2019 en pro de las personas con discapacidad. Se reconoce así el compromiso de la administración pública extremeña con la mejora de los salarios y condiciones laborales del tercer sector. Es la primera comunidad en hacerlo en nuestro país. Un premio que recogía el presidente de la Junta
