La Guardia Civil ha hecho público nuevos detalles sobre la Operación en la que se registró el Nuevo Vivero y que acabó con la detención del presidente del Club Deportivo Badajoz, Joaquín Parra. Según la Benemérita, parte del dinero presuntamente defraudado en el pago del IVA se destinaron a la reforma y reacondicionamiento del estadio pacense. En total, hasta tres millones de euros que no se pagaron al fisco y que se desviaron al club. Hasta ahora no había constado una relación directa entre la operación policial y la gestión irregular en el club.
En la 'Operación Benzinium', detalla la nota, se desmanteló "un conjunto de 5 empresas dirigidas por un grupo de personas coordinadas entre sí que habrían tejido un entramado societario destinado a eludir el pago correspondiente al 21 % de IVA que previamente sí cobraban a los clientes a los que le vendían los hidrocarburos"
La investigación "también ha logrado descubrir la existencia de un supuesto delito de blanqueo de capitales, ya que se detectó el desvío de fondos a un conglomerado de empresas pantalla, alguna de ellas ubicadas en el extranjero".
Un dinero presuntamente defraudado que, según la Guardia Civil, "era utilizado para que los detenidos llevaran un altísimo nivel de vida sin ningún tipo de privación, destacando la compra de gran cantidad de vehículos e inmuebles de lujo".
Un fraude de 13 millones de euros
En total, estas 5 empresas habrían dejado de ingresar en las arcas públicas más de 13 millones de euros durante 2020, la cantidad correspondiente al IVA impagado por la venta de más de 63 millones de euros de combustible.
Tras obtener la autorización judicial, el pasado 27 de julio comenzaron las detenciones de las 17 personas implicadas en el caso. También se produjeron 17 registros domiciliarios en las provincias de Málaga, Sevilla, Badajoz, Madrid y Cádiz, donde se intervinieron 30 vehículos de lujo y 2 yates y se embargaron 36 viviendas.
Además, se han precintado y embargado preventivamente 6 estaciones de servicio ubicadas en las provincias de Ciudad Real, Córdoba, Badajoz, Cáceres y Valencia que eran propiedad de los investigados. Entre ellas, la estación de servicio que Parra tenía en Badajoz.