La Guardia Civil ha detenido e investigado a 38 personas entre los meses de enero y agosto de este año por su supuesta implicación en la comisión de incendios forestales en Extremadura.
Según informa el cuerpo armado en nota de prensa, a raíz de las actuaciones llevadas a cabo se esclarecieron al menos en sus causas o autoría un total de 115 incendios forestales, además de haber instruido 69 infracciones administrativas en la materia.
La negligencia, principal causa
Tras las investigaciones desarrolladas por el Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y agentes y técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, se pudo determinar que el inicio de los incendios fue debido, en su mayor parte, a imprudencias o negligencias, seguidos por los producidos por causas naturales o accidentales y por último los intencionados.
Entre las actuaciones que han llevado a cabo, la Guardia Civil ha destacado los tres incendios forestales esclarecidos en las comarcas de La Serena y Zafra-Río Bodión (Badajoz), en los que en los informes de las causas se concluyó que los incendios fueron originados por diferentes imprudencias "graves".
En dos de ellos el nivel 1 de peligrosidad y en total resultaron afectadas más de 300 hectáreas de pasto, monte bajo, matorral, encinar, olivares, cereal y se instruyeron diligencias a cinco personas como presuntos autores del delito.
Por otra parte, la Guardia Civil también ha resaltado la detención de un incendiario en la localidad cacereña de Valverde del Fresno, donde sorprendieron a un hombre en la zona forestal transportando una cuerda combustible, a la que había anudado cerillas para extender el fuego.
Asimismo, los agentes pudieron implicar al detenido en la comisión de ocho incendios forestales intencionados provocados durante los meses de julio y agosto, y que habían causado "gran alarma social" entre los vecinos de la zona.
La Benemérita recuerda que, según los artículos 352 al 358 del Código Penal, las negligencias pueden acarrear multas de 12 a 18 meses y penas de 1 a 5 años de prisión, pudiendo incrementarse hasta en 20 años si hubiera riesgo para la vida o integridad física de la población o lo hubiera sido de forma intencionada.
TEXTO: EFE
IMAGEN: Guardia Civil
