8 Junio 2021, 9:43
Actualizado 8 Junio 2021, 10:16

España se abrió ayer a recibir turistas de todo el mundo pero, sorprendentemente, limitó la llegada de ciudadanos de Portugal. Y es que la norma que regulaba los requisitos para recibir visitantes por vía aérea o marítima se ha extendido también al transporte terrestre "procedentes de países o zonas de riesgo". Y el país vecino, junto a gran parte de los países europeos, figura en esa lista a pesar de que la incidencia acumulada allí es casi la mitad de la española.

Por tanto, desde este lunes 7 de junio, quien viaje por carretera desde Portugal y entre en España tiene que presentar una documentación donde demuestre que está protegido de la infección por coronavirus de alguna de estas tres maneras: con un certificado de vacunación, con un documento que demuestre que ha pasado la enfermedad o con un test de detección del COVID-19 negativo y realizado recientemente. Un requisito obligatorio para los mayores de 6 años y que en caso de no cumplir, contempla una multa de 3.000 euros. 

Existen tres excepciones: para los conductores de transporte de mercancías, para los trabajadores transfronterizos y para los portugueses que vivan en un radio de 30 kilómetros de distancia con la frontera portuguesa. Según lo publicado en el BOE, para los que usen transporte público se debe rellenar un formulario de control de salud antes de la salida, que le generará un código QR individual que debe ser presentado a las empresas de transporte antes de subirse. 

Estas medidas son solo exigidas por las autoridades españolas, por lo tanto que viaje de España a Portugal no tiene que presentar ningún comprobante ni test negativo o comprobante de vacunación. 

En la práctica, por tanto, desde este lunes se dificulta enormemente el tránsito entre los dos países y se hace de manera unilateral, sin que las autoridades portuguesas hayan sido avisadas ni se contemple ningún tipo de reciprocidad.

Portugal, atónita: "Solo puede ser un error"

La noticia ha pillado por sorpresa al gobierno portugués. Tanto, que incluso el presidente de la República se ha pronunciado sobre la polémica y ha considerado que la medida aprobada por el gobierno español es "muy extraña". Marcelo Rebelo de Sousa se ha mostrado sorprendido porque "desde el sábado que se publicó en el BOE no se ha hablado con el gobierno portugués para informar sobre esa decisión que afecta a la frontera que tienen los dos países".

Por su parte el ministro de Negocios Extranjeros, Augusto Santos Silva, cree que "se trata de un error" y ha pedido una aclaración "urgente", según ha declarado a la RTP. En caso contrario, "podríamos tomar la misma decisión y pedir esa documentación a los que entren desde España a Portugal". Una documentación que ya se solicita, pero a los que entran por los puertos y aeropuertos. Y una documentación que, para mayor irritación de nuestros vecinos, "deberán estar redactados en español, inglés, francés o alemán. En el caso de no ser posible obtenerlo en estos idiomas, el documento acreditativo deberá ir acompañado de una traducción al español realizada por un organismo oficial".

De momento, el Gobierno portugués continúa esperando una aclaración sobre este asunto.

 

 

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