Alberto Casero
El magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo, a cargo de la investigación contra el diputado del PP Alberto Casero, ha propuesto dirigir un suplicatorio al Congreso para proceder penalmente contra el dirigente al ver indicios racionales de presuntos delitos de prevaricación y malversación, por determinados acuerdos y contratos de servicios que realizó cuando era alcalde de Trujillo en 2017 y 2018.
Palomo ha elevado este lunes una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la que recoge dichos indicios de que Casero, en su condición de alcalde, concertó con diferentes personas y entidades contratos de servicio, patrocinio o convenios, "incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso".
Se trata de un trámite necesario para poder continuar con el procedimiento abreviado, ya que implica una inculpación formal que requiere con carácter previo la autorización del Congreso por la condición de diputado de Casero.
El Supremo investiga al dirigente del PP desde el pasado marzo, cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo elevó una exposición razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, entendió que había también indicios de un presunto delito de malversación.
Casero había pedido al Supremo que archivara el procedimiento que se sigue en su contra al considerar que no existen indicios que permitan atribuirle ni prevaricación ni malversación en los acuerdos y contratos de servicios que realizó cuando era alcalde de Trujillo. La Fiscalía se opuso a dicha petición.
