El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley por el que se permitirá a las comunidades autónomas y entidades locales poder emplear el superávit obtenido en sus cuentas durante 2024 para destinarlo a inversiones financieramente sostenibles en 2025, 2026 y 2027.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que esta medida para "facilitar y flexibilizar" las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, así como de las comunidades, era un "compromiso" pactado con la formación independentista Junts per Catalunya.

Condiciones y plazos

De esta forma, los recursos generados en 2024, tanto en el caso de las comunidades autónomas como de las entidades locales, se podrán destinar a las llamadas inversiones financieramente sostenibles, que contribuirán al desarrollo de importantes proyectos de interés público.

Todo ello sin que compute en la regla de gasto de 2025, 2026 y 2027, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Asimismo, en el caso de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente antes del 31 de diciembre de 2026, la parte restante del gasto autorizado se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio siguiente, financiándose con cargo al remanente de tesorería del año inmediatamente anterior, con el límite del importe del superávit de 2024. En todo caso, los proyectos de inversión deberán haberse iniciado antes de 31 de diciembre de 2026.

Ámbitos de aplicación

Para poder beneficiarse de esta regla especial del destino del superávit presupuestario las administraciones territoriales han de cumplir con el período medio de pago a proveedores previsto en la normativa sobre morosidad (30 días).

Estas inversiones se pueden destinar, por parte de las entidades locales, a la prestación de servicios esenciales, como alcantarillado, abastecimiento de agua, recogida de residuos o alumbrado público, mejora de los sistemas productivos y de los diversos sectores, infraestructuras de transporte, centros docentes, asistencia social primaria, vivienda, recursos hidráulicos o sociedad de la información, entre otros ámbitos.

Por su parte, las comunidades autónomas podrán realizar inversiones con efectos positivos para el cambio climático, contribución a la mejora de la eficiencia energética, o tratarse de una inversión que permita evitar gastos recurrentes o que implique ahorros en ejercicios futuros, todo ello dentro de los ámbitos de competencia que tienen asumidos.

El juicio contra el que fue jefe de la Policía Local de Cáceres, Benedicto Cacho, al que se le acusa de un delito de revelación de secretos por, presuntamente, filtrar un examen de las oposiciones al cuerpo policial en 2022, se celebrará en la Audiencia Provincial el jueves 18 de diciembre.

La vista se ha fijado para las 12,30 horas para una posible conformidad entre las partes. Cabe recordar que Cacho está acusado de un delito de revelación de secretos con el agravante de ser funcionario, por lo que la Fiscalía Provincial solicita 2 años y 6 meses de prisión, así como inhabilitación especial para empleo o cargo público por 5 años.

Peticiones de la Fiscalía

Para el otro acusado en este caso, que era el director de la academia donde supuestamente se filtraron algunas preguntas del examen, la Fiscalía solicita 5 años de prisión por "aprovechar para sí y para un tercero el secreto obtenido del funcionario público o autoridad", delito tipificado en el artículo 418 del Código Penal.

También se le pide la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante diez años, y una multa del triple del beneficio obtenido.

Detalles de la presunta filtración

Los hechos se remontan al año 2022, cuando en mayo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Cáceres las bases para la cobertura en propiedad de ocho plazas de agente de la Policía Local.

En octubre de ese mismo año se realizaron las pruebas y un año más tarde se abrieron diligencias tras la denuncia presentada por el sindicato CSIF, al recibir un anónimo con un pen drive que contenía un documento con conversaciones de WhatsApp sobre la presunta filtración de los exámenes que se realizaron por un sistema de oposición libre para cubrir 8 plazas en la Policía Local de Cáceres. Los agentes que aprobaron están ya ejerciendo como tal.

Según el escrito de la Fiscalía, el profesor reveló a sus alumnos la información que recibió del entonces jefe de la Policía Local, que además era miembro del tribunal examinador, sobre los posibles temas que iban a salir en el examen, en este caso, la Ley de Espectáculos Públicos de Extremadura, que fue una de las preguntas de la oposición, cuyo supuesto práctico y tercer ejercicio se celebraron el 28 de octubre de 2022.

Esos supuestos prácticos se habían determinado dos días antes, el 26 de octubre, cuando se reunió el tribunal para preparar la tercera prueba. Una vez concretada la prueba, se determina que el jefe de la Policía Local se puso en contacto con el profesor de la academia para revelar el contenido del examen y, el 27 de octubre, un día antes del examen, el profesor reveló a su vez a los alumnos los temas concretos.

"Miraros la orden 16 de septiembre de 1996" es uno de los mensajes que figuran en los audios de WhatsApp que se acompañaron de un pdf con la citada ley, según el escrito de la Fiscalía.

Después del paso de la inestabilidad que estamos teniendo este martes, el miércoles llega con más calma. No entrará de lleno el anticiclón, pero no llegará ningún frente. A pesar de ello seguiremos teniendo bastante aire frío en altura, que favorecerá la formación de nubes y mantener igual las temperaturas.

Al empezar el día tendremos todavía mucha nubosidad de tipo bajo hacia el este de la región, así como en puntos del Tajo y a lo largo del Guadiana y sus cercanías. Son nubes que irán a menos, pero tendemos de forma dispersa las de tipo alto y nubes medias. Será un día además con viento flojo del noroeste en todas las comarcas.

En cuanto a las temperaturas, no tendrán muchos cambios con respecto a las de hoy. Ni en las mínimas ni en las máximas. Las nocturnas sí tenderán a estar ligeramente más bajas durante la próxima noche. Las máximas se quedarán cortas de nuevo hacia el este de la región, así como en las sierras del norte de Cáceres.

El Consejo de Ministros ha avalado las nuevas actuaciones de emergencia impulsadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para hacer frente a los brotes de dermatosis nodular contagiosa y de influenza aviar en España, y que suponen un importe total de 1,16 millones de euros.

En concreto, estas resoluciones tienen por objeto la adquisición de 500.000 dosis de vacunas frente al virus de la dermatosis nodular contagiosa, por un montante de 660.000 euros, y por otro lado el refuerzo de la gestión de la influenza aviar de los servicios veterinarios autonómicos por valor de 499.877 euros.

Control de la dermatosis nodular contagiosa

El Departamento que lidera Luis Planas ha recordado que la Dermatosis Nodular Contagiosa de los bóvidos (DNC) es una enfermedad vírica del ganado bovino que provoca fiebre, lesiones cutáneas, debilidad y, en alrededor del 10 por ciento de los casos, la muerte del animal. Se trata de una enfermedad de declaración obligatoria en la Unión Europea debido a su alta capacidad de diseminación y a los importantes perjuicios económicos que genera en los países afectados.

El primer foco en España se detectó el pasado 3 de octubre en Girona, y desde entonces se han confirmado un total de 17 en la misma provincia. La rápida actuación de los servicios veterinarios oficiales de Cataluña, con una vacunación de emergencia en toda la zona de restricción, ha permitido alcanzar una cobertura vacunal próxima al 95 por ciento del censo bovino, sin nuevos focos desde hace más de un mes.

No obstante, el riesgo de reintroducción del virus persiste debido a la situación en Francia, donde siguen notificándose casos. Por este motivo, se adquieren 500.000 dosis adicionales, que garantizarán la disponibilidad inmediata de vacuna en caso de nuevas emergencias y permitirán reforzar la protección en zonas vecinas de Cataluña y Aragón con alta densidad de animales susceptibles.

Refuerzo frente a la influenza aviar

Por otro lado y desde el pasado 1 de julio se han detectado 14 focos en aves de corral en diferentes comunidades autónomas: dos en Andalucía, siete en Castilla y León, tres en Castilla-La Mancha, uno en Extremadura y otro en Madrid. Además, se han registrado más de un centenar de casos en aves cautivas y silvestres en todo el territorio peninsular, lo que confirma una circulación muy activa del virus en España.

La influenza aviar de alta patogenicidad está incluida en la lista de enfermedades de declaración obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y la UE, ya que su aparición obliga a aplicar estrictas medidas de control: sacrificios sanitarios, limpieza y desinfección de las instalaciones y establecimiento de zonas de restricción y control del movimiento de animales y productos.

De esta forma, el apoyo financiero del Ministerio permitirá reforzar los servicios veterinarios autonómicos con asistencia técnica y personal especializado, garantizando una respuesta rápida y eficaz ante la aparición de nuevos brotes.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para abonar la subida salarial del 2,5% para los funcionarios pactada para este año entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF --CCOO está valorando si se adhiere al acuerdo--, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Además, el Real Decreto-ley aprobado este martes, que entrará en vigor pese a que tenga que pasar también por el Congreso, permitirá que los salarios de los empleados públicos se actualicen desde el 1 de enero de 2026 un 1,5%.

Según ha recordado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros los incrementos salariales de 2025 y 2026 aprobados este martes forman parte de la subida global del 11% acordada por el Ministerio de Función Pública con UGT y CSIF para el periodo 2025-2028.

En concreto, este 11% se distribuirá en un alza del 2,5% para este año; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.

La subida de este año, del 2,5%, se abonará este mismo mes con efectos retroactivos desde el 1 de enero en un sólo pago, según ha precisado López, que ha explicado que para 2026 se aplicará un incremento salarial fijo del 1,5%, al que se añadiría medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%.

En caso de ser así, ese 0,5% adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.

"El acuerdo del Consejo de Ministros supone el paso previo para que más de tres millones de empleados públicos se beneficien de una subida salarial del 2,5% en 2025 y del 2% en 2026 que les permita mantener poder adquisitivo", ha afirmado López.

Así, este Real Decreto-ley regula aquellos aspectos indispensables para aprobar, por un lado, el incremento retributivo del personal al servicio del sector público en 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese año, y, por otro, el incremento retributivo del personal al servicio del sector público en 2026, con efectos desde el 1 de enero.

Para 2025 se establece una subida salarial consolidable del 2,5% respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2024, al tiempo que se incluyen las disposiciones necesarias para que dicho incremento se pueda hacer efectivo ya este año.

López ha subrayado que este acuerdo vincula a todas las administraciones públicas, es decir, a los casi 3,5 millones de empleados públicos contabilizados en España, pero el Real Decreto aprobado hoy contempla el pago para los funcionarios de la Administración General del Estado.

"Obviamente, como ha ocurrido siempre, el resto de administraciones, para sus servidores públicos, tienen que aplicar la cantidad, pero el pago se tiene que acordar en cada territorio. (...) Cada comunidad autónoma, cada ayuntamiento, tiene que acordar la forma de pago. Las hay que lo van a hacer en un solo pago, como la Administración General del Estado, en diciembre", ha apuntado.

De este modo, en el sector público estatal el incremento de 2025 se hará efectivo este mes de diciembre, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2025.

Este pago adicional y único beneficiará a 540.000 efectivos del sector público estatal. A modo de ejemplo, para un salario medio de 3.300 euros brutos al mes, en diciembre se le abonaría una nómina adicional con los atrasos de 2025 por 1.140 euros aproximadamente.

Por su parte, el resto de las administraciones públicas establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos relativos al ejercicio 2025, en el marco de la negociación sindical de cada ámbito de la administración. Dicho abono podrá distribuirse durante los ejercicios de 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en diciembre de 2025.

Para 2026, el Real Decreto-ley aprobado hoy establece una subida salarial consolidable del 1,5% respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2025, con efectos de 1 de enero de 2026. Eso supone que, entre diciembre de este año y enero del próximo año, los salarios habrán subido un 4%. Adicionalmente se aplicará otro incremento retributivo y consolidable del 0,5% si la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5%.

Aunque para el conjunto de 2025-2028 la subida pactada es del 11%, los sindicatos estiman que, por el efecto arrastre de los distintos incrementos salariales de cada año, el aumento salarial acumulado que experimentarán los empleados públicos en esos cuatro años podría llegar al 11,5 por ciento.

López ha mostrado su confianza en que CCOO --reunido este martes para decidir si se suma o no al acuerdo-- se adhiera a lo que el ministro ha calificado un "buen acuerdo" para los funcionarios, ya que no sólo garantiza y recupera poder adquisitivo, sino que incluye otras mejoras en materia de empleo y conciliación, entre otros aspectos.

Antes de que acabe el mes, los empleados públicos de la Administración General del Estado cobrarán la subida salarial del 2,5% correspondiente a 2025. Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros, aunque ahora se tiene que publicar en el BOE.

Para un empleado público del máximo nivel, el A1, esa paga única rondaría los 650 euros. En Extremadura, la Junta tiene que decidir cuándo y cómo va a pagar esa subida, a la que obliga el acuerdo entre Gobierno y sindicatos. Asegura que será cuanto antes, pero con seguridad jurídica.

Los sindicatos en la región piden celeridad en el pago a diputaciones, Junta y ayuntamientos. Un decreto ley autoriza también que, a partir del 1 de enero de 2026, se activará el incremento salarial del 1,5%.

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha rechazado "frontalmente" el "indigno" preacuerdo alcanzado por la Comisión y el Parlamento Europeo en relación con las importaciones de arroz de terceros países, ya que entiende que el mismo sume en el "abandono" al sector.

Así, apunta que en los próximos días, y tras conocer este nuevo preacuerdo "injusto", decidirá las acciones a realizar para mostrar su "absoluto rechazo" a esta medida; y pide a todas las fuerzas políticas en el Parlamento Europeo que no ratifiquen este preacuerdo en el Pleno de la Eurocámara.

Umbral insuficiente para la salvaguardia

Según fuentes comunitarias, el preacuerdo alcanzado ayer establece un umbral de 562.000 toneladas para activar una cláusula de salvaguardia frente a las importaciones. La Comisión y el Parlamento cerraron ayer este acuerdo, a pesar de la oposición de España, Grecia e Italia -los principales países productores- del lado del Consejo.

UPA-UCE critica que con este umbral, esta cláusula "no servirá para nada", ya que cuando se activase "ya se habrían arruinado los agricultores arroceros por la invasión de arroces de países remotos".

Impacto en el sector y en los consumidores

"Nos oponemos totalmente a este planteamiento. Es un nuevo acuerdo indigno que nos sume en el abandono a los arroceros", incide en nota de prensa UPA-UCE Extremadura, que añade que los productores de arroz europeos aseguran no poder competir en "igualdad de condiciones" con las producciones foráneas.

"Aquí producimos de forma más sostenible, con mayor calidad y seguridad alimentaria y sin utilizar productos fitosanitarios que aquí están prohibidos", afirma.

De este modo, UPA lamenta que importaciones masivas de arroz están "hundiendo" en los últimos años el sector del arroz europeo, algo que a su juicio Europa "no debe consentir", pues la UE es "deficitaria" en la producción de este alimento básico.

En la misma línea, la organización agraria recuerda también que la falta de una normativa europea que obligue a reflejar "adecuadamente" el origen de los alimentos impide que los consumidores tomen sus decisiones de compra conociendo, al menos, el país de origen. "Los consumidores están comprando arroz desconociendo que proviene de países a miles de kilómetros de distancia", ha señalado.