Extremadura sigue sacando a la luz sus tesoros arqueológicos. A partir de septiembre, los arqueólogos volverán a trabajar en la necrópolis de Medellín, uno de los yacimientos más importantes de la región. Esto será posible gracias a un convenio firmado entre la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Medellín y la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. El objetivo: descubrir nuevos secretos de un enclave que revolucionó la arqueología española en los años 60.

El descubrimiento casual de esta necrópolis, considerada una de las mejor conservadas del país, supuso un hito en la investigación arqueológica. Con una extensión estimada de entre 3.000 y 4.000 metros cuadrados, de los cuales se ha conservado entre el 30 y el 40 %, los primeros trabajos se desarrollaron entre los años 60 y 80, y permitieron documentar 250 tumbas, además de valiosos objetos como marfiles y nácares. Ahora, se pretende duplicar ese número.

"Los ajuares están como si los hubieran enterrado la semana pasada"

Con aquellos primeros trabajos, Medellín, considerada la ciudad más occidental del mundo antiguo, reveló inscripciones y ajuares funerarios excepcionales de la Edad del Hierro. Los expertos confían en que esta nueva campaña arroje luz sobre las primeras comunidades urbanas del sureste peninsular, sus rituales, creencias y conexiones con otras culturas mediterráneas.

El arqueólogo y director científico del proyecto, Martín Almagro, ha explicado que la necrópolis se encuentra entre dos brazos del río Guadiana, lo que ha favorecido su conservación: "Los ajuares están como si los hubieran enterrado la semana pasada, lo que le da un atractivo y un interés excepcional."

Los trabajos durarán cuatro años 

Los trabajos comenzarán en otoño y se desarrollarán durante cuatro años, con posibilidad de ampliación. El plan contempla tres objetivos principales: investigación arqueológica, protección y difusión del yacimiento. El presupuesto de 245.000 euros permitirá excavar nuevas áreas, realizar prospecciones y sondeos, restaurar materiales y exponer los hallazgos.

En esta fórmula de colaboración, la Junta de Extremadura coordinará, supervisará y financiará los trabajos; la Real Academia asumirá la dirección científica; y el Ayuntamiento de Medellín aportará los medios técnicos y humanos necesarios para las excavaciones.

Este viernes han comenzado a declarar los testigos del atropello mortal ocurrido a finales de junio en Cáceres, en el que falleció una joven de 29 años. El suceso tuvo lugar cuando la víctima cruzaba la calle y el conductor implicado se dio a la fuga, entregándose a la Policía al día siguiente de los hechos.

Tres posibles delitos

La familia de la víctima, a través de su abogado, Ángel Luis Aparicio, acusa al conductor de tres delitos: homicidio por imprudencia grave, omisión del deber de socorro y conducción bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, este último delito será más difícil de demostrar, según reconoce el letrado, ya que el conductor huyó y no fue sometido al test de alcoholemia hasta el día siguiente, cuando dio negativo.

Pese a ello, algunos testigos, explica, han asegurado que el autor del atropello presentaba síntomas de haber consumido alcohol la noche del siniestro, un aspecto que se intentará acreditar en la fase de instrucción.

Declaración y posibles penas

Este viernes están citadas a declarar nueve personas como testigos ante el juzgado de instrucción encargado del caso. Será el juez quien, tras analizar la instrucción y las pruebas recabadas, determine si se abre o no juicio oral.

Los delitos de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro podrían conllevar penas de hasta seis años de prisión, en función de la calificación final de los hechos y de la sentencia que pudiera dictarse en un eventual juicio.

En noviembre, la organización agraria La Unión volverá a sacar los tractores a las carreteras para protestar por los recortes que incluye la nueva PAC que Bruselas está redactando.

Una PAC que contemplaría una reducción del 23 % en las ayudas, la desaparición del segundo pilar, la falta de apoyo a los jóvenes y un aumento de los requisitos medioambientales. Una situación que afectaría a cultivos como el tabaco, el arroz o el tomate.

El secretario nacional de La Unión, Luis Cortés, ha declarado: "Menos presupuesto, más burocracia y políticas fracasadas. Esta PAC no es admisible, ni para el campo extremeño, ni para el español, ni para el europeo" asegurando, que los agricultores no pueden aceptarla.

Luis Cortés también critica que ahora eurodiputados extremeños del PP y del PSOE cuestionen esta nueva PAC, cuando la Comisión Europea está compuesta en su mayoría por dirigentes populares o socialistas.

Además, señala que estos términos no fueron los que anunció el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.

La organización agraria UPA-UCE ha alertado sobre la grave devastación causada por el incendio de Valdecaballeros, que ha calcinado más de 800 colmenas y cientos de hectáreas de olivar. Además, una importante superficie de dehesa extremeña se ha visto afectada, dejando a numerosas explotaciones ganaderas sin nada.

Ante esta situación crítica, UPA-UCE insta a las administraciones a agilizar las peritaciones y a implementar ayudas con presupuesto suficiente lo antes posible para los agricultores y ganaderos damnificados.

La organización subraya que, más allá del impacto medioambiental, es crucial considerar la significativa pérdida de producción agrícola y ganadera que este desastre representa para el futuro de la región.

Un estudio que han presentado recientemente Greenpeace y Ecodes indica que un tercio de las familias de nuestro país no pueden pagar la temperatura adecuada en sus casas durante el verano. Uno de los factores que explican esa cifra es el alto precio de la energía eléctrica, pero también el "pésimo aislamiento" -indica el informe- del 95% de los hogares, que según esas organizaciones los convierte en "radiadores permanentes". El trabajo se llama "Somos más pobres en verano" y analiza la pobreza energética de las viviendas en los meses de más calor. En invierno nuestro país duplica la media europea energética de pobreza energética, pero en el período estival también es un problema muy grave.

El calor se cuela en casa

En Canal Extremadura, la responsable de Campañas en Greenpeace España ha comentado que a través de cámaras termográficas se han detectado temperaturas de hasta 34 grados en las paredes del interior de esos hogares, y de hasta 48 en los marcos de las ventanas. Por esas vías el calor se cuela en las viviendas de miles de familias. Y las que no pueden permitirse un aparato de aire acondicionado, por el coste que implica su consumo, tienen que soportar la canícula en su ámbito doméstico. María Prado asegura que "muchas de ellas viven en un horno".

Un 33,6% de la población española no puede conseguir la temperatura adecuada en sus hogares durante el verano; en Extremadura, un 36%. Es casi el doble que en invierno, cuando se sitúa en el 17,6%. En el caso estival, ese porcentaje se dispara hasta el 53,3% en familias de nuestro país que están en situación de pobreza energética; en las extremeñas alcanza el 66%. La portavoz de Greenpeace alza la voz para decir que este escenario no es justo, ya que para esos ciudadanos la energía se convierte en un lujo.

Especular sacrificando la calidad

Más de la mitad de las viviendas españolas se construyeron antes de 1981, y por lo tanto carecen de criterios de eficiencia energética. Es más: el actual Código Técnico de Edificación se puso en marcha hace apenas 18 años: en 2007. En opinión de Prado, en él se primó la especulación para reducir la calidad de las condiciones de habitabilidad de nuestras casas. Y aventura que esta situación irá a más, porque cada vez habrá veranos más calurosos.

Un estado de las cosas que tiene efectos negativos sobre la salud. En el plano físico, con sofocos y problemas en la piel y en el sistema cardiovascular. Y en el aspecto mental, con ansiedad, depresión y mal humor que nos llevan incluso a cancelar nuestros planes sociales. Por todo ello, Greenpeace apuesta por una rehabilitación masiva del parque de vivienda. María Prado insiste en que una vivienda digna no es sólo un techo o un cuchitril; debe ser funcional, de calidad y procurar confort térmico. El colectivo exige inversiones para ello, y que en especial se atienda a la población más vulnerable.