La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado las "sospechosas similitudes" que existen entre las denuncias que afectan al hermano y la esposa de Pedro Sánchez. Al respecto, ha apuntado que coinciden los denunciantes de ambas denuncias, "organizaciones de la ultraderecha" y tienen "la misma forma de proceder", al presentar las denuncias con "informaciones falsas" según ha reprochado.

Sobre el caso de Begoña Gómez, ha defendido que todos los cónyuges de los presidentes del Gobierno han contado con un ayudante que desempeña tareas "de organización y logísticas", pero no aclara si la asistente de Begoña Gómez se ciñó a esas funciones al solicitar fondos a empresas y negociar con la Universidad Complutense de Madrid sobre las actividades privadas de la mujer de Pedro Sánchez. Por otro lado, se ha referido a la decisión de una juez de Badajoz de citar como investigado al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha señalado que este caso tiene "sospechosas similitudes con otro", en referencia al de Begoña Gómez.

Alegría ha señalado que en el Gobierno hay "máxima tranquilidad" porque están convencidos de que "no hay nada", después de que el juez que instruye la causa contra Gómez haya llamado a declarar como testigo a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa que participó en gestiones con la UCM mientras Gómez codirigía un máster. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este jueves en La Moncloa, Alegría ha defendido que todas las parejas de los presidentes del Gobierno han tenido una persona que colaboraba "en sus tareas de organización y logística".

Señala además que así está reseñado en la Secretaría General de Presidencia --a la que pertenece Cristina Álvarez--, siempre se trata de un puesto eventual y no es un alto cargo, según ha precisado. Sin embargo, la portavoz no ha aclarado si las tareas que ha llevado a cabo la asistente, según consta en correos recogidos en la causa que investiga el juez Juan Carlos Peinado contra Gómez, están dentro del tipo de funciones que ha mencionado.

Los informes elaborados por los letrados del Tribunal Constitucional concluyen que las comunidades autónomas están legitimadas para recurrir la ley de amnistía. De este modo despejan el camino a las impugnaciones presentadas por las regiones gobernadas por el PP y el Gobierno socialista de Emiliano García Page en Castilla-La Mancha.

El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, encargó a un grupo de cuatro letrados de la corte de garantías que elaboraran un estudio sobre la legitimación de las comunidades autónomas para impugnar la amnistía, con el objetivo de que esta cuestión quedara resuelta con carácter general para los 15 recursos de inconstitucionalidad presentados por los gobiernos y asambleas regionales. En él se ha pronunciado a favor de la legitimación de los territorios, misma conclusión a la que ha llegado el letrado adscrito a Laura Díez, la magistrada ponente del primer recurso de inconstitucionalidad presentado por una comunidad autónoma, el de las Cortes de Aragón, en su propio informe, el que se emite habitualmente, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Con estos dos informes, el Pleno decidirá la próxima semana sobre la admisibilidad del recurso firmado por las Cortes de Aragón. Fuentes de la corte de garantías avanzan que los magistrados lo admitirán a trámite, marcando así el camino a los otros 14 recursos presentados por las comunidades autónomas. Anteriormente, los magistrados han admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo (TS) y el recurso firmado por diputados y senadores del Partido Popular.

En total, contra la amnistía se presentaron cuatro cuestiones --la del TS y tres del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)-- y 16 recursos: el registrado por el PP, el de Castilla-La Mancha y los de Cantabria, Madrid, Galicia, Murcia, Andalucía, Valencia, Castilla y León, La Rioja, Extremadura y Baleares.

Interpretación flexible

El informe encargado por Conde-Pumpido explica que "el concepto de legitimación es uno de los más debatidos y discutidos en la doctrina procesalista, habiéndose afirmado la dificultad de elaborar una teoría general de la legitimación, pues se trataría de la teoría en un proceso 'general' (arquetípico, cabría decir) inexistente, debiendo por tanto el estudioso limitarse a la más modesta tarea de elaborar la propia de cada uno de los órdenes jurisdiccionales".

Se centra por tanto en los procesos constitucionales, donde parte de la premisa doctrinal de que el TC "no puede ni debe acoger legitimaciones procesales que no provengan directamente de la Constitución". Y recuerda que en su artículo 162 establece "taxativamente" quiénes pueden interponer recursos de inconstitucionalidad y amparo, mientras que para los demás procesos constitucionales se remite a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Los letrados precisan que el artículo 162.1.a) de la Constitución establece que están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad "el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de las mismas".

No obstante, matizan que "esta previsión constitucional se ha concretado en el artículo 32 de la LOTC, precepto cuyo apartado 2 ha precisado que la legitimación activa de los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y de las asambleas legislativas de estas lo es exclusivamente para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra las leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley del Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía".

Para los cuatro letrados, esta limitación contemplada en la LOTC "no puede ser interpretada de forma restrictiva, sino a favor del reconocimiento de la legitimación". Así, entienden que no se trata de denunciar la vulneración de una competencia autonómica, ni de defenderla, sino de que haya "un punto de conexión material entre la ley estatal y el ámbito competencial autonómico".

Ya se ha firmado el noveno Plan de Actuación para la Prevención de Riesgos Laborales en la comunidad, para el período 2024-27. Lo han firmado Junta, CCOO, UGT y la Creex. Está dotado con 6'45 millones de euros, casi 4 millones y medio más que el plan anterior. Cada año se destinarán 1.61e.402 euros al plan, que tiene 34 líneas de actuación.

El plan pretende, según el el consejero de Presidencia, Abel Bautista, "garantizar que los entornos laborales en Extremadura sean seguros... así como contribuir a elevar el nivel de salud de los trabajadores". 

Y tiene novedades. Por primera vez incorpora a los autónomos, y también a los trabajadores transnacionales, y a los temporeros del campo que, ha dicho el consejero, "son necesarios para la competitividad en Extremadura".

Otra novedad es que el Plan introduce la prevención en los trabajos con amianto, con una línea de ayudas públicas a empresas de 350.000 euros cada año.

Y para garantizar la prevención, se duplican las ayudas a las empresas, que pasan de 150.000 euros en 2023 a 264.000 euros en 2024.

Los agentes sociales se han mostrado satisfechos tras la firma, aunque recuerdan que en lo que llevamos de año, se han producido 23 muertes en accidentes laborales en nuestra región. Más del doble que el año pasado.

La pasada temporada, la federación extremeña de caza registró 1.000 nuevas licencias. De ellas, el 18% fueron expedidas a mujeres, como destaca el presidente de DEFEXCAZA; José María Gallardo.

"Este relevo generacional garantiza sin ninguna duda el futuro de la actividad cinegética"

En la región hay 7.000 licencias de caza, un número que permanece estable en el tiempo; 3.250 cotos, la mitad de ellos sociales, y solo el año pasado se organizaron unas 1.500 monterías.

La actividad cinegética deja en las arcas de la Junta, según FEDEXCAZA, unos siete millones de euros. En cuanto a las especies, el informe expone que continúan bajando las de caza menor: liebres y perdices. 

"Necesitamos un batallón de medidas que paren ese descenso"

Sin embargo, destaca el aumento en las capturas de caza mayor, especialmente de ciervos y jabalíes, que se mantienen al alza.