La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la prisión de Cáceres y en la Función Pública, ha denunciado tres nuevas agresiones a funcionarios penitenciarios ocurridas recientemente en dicho centro.

Dos funcionarios agredidos 

Los hechos se produjeron el pasado jueves, en el módulo 2, donde un interno agredió violentamente a un funcionario, causándole heridas en el costado. Otro interno se sumó al altercado, rompiendo cristales e incitando a un motín. Durante el traslado de los agresores a la enfermería, continuaron las amenazas e insultos, y otros dos funcionarios resultaron heridos: uno recibió un puñetazo en la cara y otro golpes en el cuello.

CSIF recuerda que hace apenas un mes, en el mismo módulo, se produjo una pelea entre internos que terminó con la muerte de uno de ellos, presuntamente a causa de las lesiones sufridas.

El hacinamiento ronda el 90 por ciento según Csif

El sindicato señala como causa principal de esta violencia el grave hacinamiento que sufre la prisión, con una ocupación cercana al 90% si se descuentan las celdas inoperativas o destinadas a otros usos. Esta situación, según CSIF, impide una adecuada clasificación y tratamiento de los internos, lo que agrava los conflictos.

Durante una visita reciente del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, CSIF ya había solicitado reformas integrales en los módulos para modernizar las instalaciones. Mientras tanto, exige a la dirección del centro que actúe con urgencia para reducir la población reclusa, advirtiendo que, de no hacerlo, los episodios de violencia seguirán aumentando.

Reclaman ser reconocidos como agentes de la autoridad

El sindicato también ha expresado su apoyo a los funcionarios agredidos, reconociendo la profesionalidad de toda la plantilla, a pesar de las críticas injustas que reciben por parte de algunos familiares de internos y ciertos medios de comunicación. Finalmente, CSIF reclama a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias más medios para los trabajadores y reitera su demanda histórica de que los funcionarios de prisiones sean reconocidos legalmente como agentes de la autoridad.