Varias comunidades autónomas gobernadas por el PP han trasladado este martes su rechazo al anteproyecto de ley orgánica para la condonación de una parte de la deuda regional por parte del Estado y han avanzado que darán la "batalla" tanto política como judicial para evitar que la norma salga adelante, aunque algunos 'barones' no han especificado si esto supondrá que no se acogerán finalmente.
La iniciativa, aprobada hoy en el Consejo de Ministros y desgranada posteriormente por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, supondrá la asunción por parte del Estado de 83.252 millones de euros de deuda autonómica que tienen la regiones a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y también parte de su deuda bancaria, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común.
Ante el rechazo previo de los Ejecutivos regionales del PP, la ministra ha defendido que la norma no conllevará "ningún agravio con ninguna parte del territorio" ni tampoco "un beneficio" para Cataluña, y ha vaticinado que las mismas regiones gobernadas por los 'populares' que hoy repudian la condonación se acogerán en el futuro.
Y es que la propuesta surge de las negociaciones entre ERC y el PSOE para la investidura del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en otoño de 2023, en un acuerdo en el que figuraba el compromiso de los socialistas de impulsar una quita de deuda para Cataluña que, al mismo tiempo, sería exportable al resto de comunidades autónomas.
Pese a los esfuerzos de Montero por negar un supuesto privilegio para Cataluña, el grueso de las comunidades gobernadas por los 'populares' ha salido a rechazar el anteproyecto, al considerar que se trata de una "operación política", una "cesión" a los partidos independentistas y un "negocio ruinoso" para sus conciudadanos.
Aún así, ha sido la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, la que ha marcado desde primera hora la negativa del partido a la quita de deuda autonómica, dando por hecho que todos los presidentes autonómicos 'populares' no la pedirán aunque les pudiera beneficiar.
Al conocerse los pormenores de la iniciativa, algunas regiones como Galicia o Canarias --donde el PP no ostenta la presidencia pero sí forma parte del Gobierno, liderado por Fernando Clavijo (Coalición Canaria)--, han anunciado, una "batalla" para evitar que se lleve a cabo.
Así, Clavijo ha adelantado que abrirá "una batalla jurídica" y política contra el anteproyecto, como también lo ha transmitido el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, que ha dejado la puerta abierta a un frente judicial al indicar que explorarán "todas las medidas".
"Lo primero que tenemos que hace es instrumentar todos los recursos a nuestro alcance para poder revertir esa situación", ha expresado.
Otros han cargado contra la condonación propuesta por el Gobierno, pero no han especificado si ese rechazo supondrá que no se acogerán finalmente a la quita propuesta.
En ese sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno --la región que más se beneficiaría de la condonación--, ha asegurado que su Gobierno no va a "asumir" una quita de la deuda regional que responde a "una operación política" para que Sánchez "se mantenga en el poder".
Como también la ha criticado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ha dicho que la medida es en realidad "un reparto de la deuda de los catalanes entre todos los españoles", por lo que se trata de un "mal negocio" para su región.
De la misma forma, la presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha negado que el dinero que se ahorrarán las comunidades al acogerse a la quita pueda destinarse a políticas sociales, como defiende el Ejecutivo central, y ha vaticinado que la medida no llegará a recibir el visto bueno de las Cortes Generales.
Pero al ser preguntada sobre si su Gobierno se acogerá a la propuesta, la líder autonómica ha dicho no querer "entrar a hablar sobre el tema".
En la misma línea se han pronunciado los Ejecutivos de la Comunitat Valenciana, Murcia, Castilla y León y Extremadura, que han dicho que la norma es "inaceptable por el fondo y la forma" y esconde una "cesión" y un "parche hecho a medida" de los socios independentistas de Pedro Sánchez, lo que en su conjunto es una "aberración".
Un caso diferente es el de La Rioja, donde su presidente, Gonzalo Capellán, anunció este lunes que cumplirá con la quita --en su caso, de 448 millones de euros--, a pesar de estar en contra por considerarla "injusta".
Un día después, el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha señalado que la iniciativa es "notoriamente perjudicial para los riojanos", a quienes "no se les trata en igualdad con el resto de ciudadanos de otras comunidades autónomas".
Domínguez ha recordado que, desde el primer momento, la propuesta se ha rechazado desde el Ejecutivo de Gonzalo Capellán "por ser perjudicial, discriminatoria y negativa para los intereses de los riojanos".
"Todavía estamos a tiempo en dos fases, en la fase de tramitación en el Consejo de Ministros y en la fase de tramitación en las Cortes Generales, de que estas condiciones tan negativas que tiene la condonación para los riojanos sean solventadas", ha remarcado.
Una vez aprobada la ley, Montero ha indicado que habrá un plazo "suficientemente amplio" para que las CCAA que así lo deseen se acojan a la condonación, y debe ser así, porque el Estado debe hacer una planificación de la nueva deuda que asuma, identificando qué tipo de deuda es y los plazos de devolución.
La decisión de trasladar la deuda al Estado es voluntaria y requiere diálogo y cooperación con las comunidades, según ha explicado el Gobierno. Asimismo, el procedimiento de la asunción de deuda variará dependiente de si se trata de una comunidad con o sin deuda del FLA.
En concreto, si la comunidad no tiene deuda del FLA, debe informar sobre su cartera de deuda con terceros, quienes deben dar su consentimiento para que el Estado pueda asumir esa deuda mediante subrogación.
Si la comunidad cuenta con deuda del FLA, el Estado la va cancelando por orden de antigüedad, empezando por los préstamos más antiguos (hasta amortizar el de 2019), y luego cancelando el préstamo del FLA de 2024 y los anteriores (2022, 2023, 2022, 2021 y 2019).
La mayoría de comunidades han accedido a los fondos del FLA en algún momento durante estos años, pero no todas se han financiado a través de este instrumento, como es el caso de Madrid, por lo que la propuesta de condonación de la deuda incluye tanto el endeudamiento que mantienen las regiones con el Estado a través del FLA como parte de la deuda bancaria que puedan tener.
