Carreras de robots, otros superando obstáculos o alcanzando dianas. Son algunos de los retos que han superado los alumnos extremeños en la 5ª jornada de la VII Liga Extremeña de Robótica que se ha celebrado en IFEME. Una jornada diseñada para que unos 750 alumnos de la región demuestren sus habilidades en robótica, programación o diseño e impresión en 3D.

"Esta edición se centra en los Juegos Olímpicos como temática. Tenemos robots superando obstáculos, con salto de longitud, tirando con arco, etc." explica José Carlos Martín, jefe de Servicio de Tecnologías de la Educación. 

De esta forma, los alumnos adquieren conocimientos de una forma más lúdica y entretenida. "Se trata de enseñarles los contenidos pero darlos de una forma diferente mediante la robótica y el pensamiento computacional", señala Pedro Bustamante, del Servicio de Tecnología de la Educación.

Los alumnos más avanzados son capaces de programar pianos, diseñar museos en 3D, o que un robot se mueva e ilumine en función de los colores que se encuentre en su camino. También hay espacio para los más pequeños, que se adentran en la robótica con juegos sencillos como los puzles. En total, en esta séptima edición participan más de 5.000 alumnos y 2.500 docentes de toda la región.
 

La Junta de Extremadura ha puesto al día su Plan INUNCAEX, que es el plan que nos ayuda a estar preparados y a actuar rápidamente en caso de inundaciones. Con esta actualización, se busca mejorar la protección de todos los que vivimos en la región y estar mejor preparados ante posibles emergencias relacionadas con el agua.

 
¿Qué cambios trae esta actualización?

• Mejor análisis de riesgos: Se ha revisado y actualizado el mapa de municipios con riesgo alto o extremo por inundaciones, usando información de los planes de gestión de las cuencas hidrográficas. Badajoz se mantiene en la categoría de riesgo extremo, y se incluyen nuevos municipios en la categoría de riesgo alto como Mohedas de Granadilla, Calamonte, Nuñomoral, Caminomorisco, Cerezo, Coria (que baja de riesgo extremo a riesgo alto), Medellín, Valverde de la Vera y Zarza de Granadilla.
• Planes de emergencia de presas: Se ha ampliado la lista de municipios que podrían verse afectados en caso de rotura de alguna presa, incluyendo localidades como Acedera, La Albuera, Aliseda, Calamonte, Cañamero, Caminomorisco, Casas de Don Antonio, Cerezo, Don Benito, Guareña, Jarandilla de la Vera, Jerez de los Caballeros, Madrigalejo, Mengabril, Mohedas de Granadilla, Pinofranqueado, Valdetorres, Valverde de la Vera, Zarza de Granadilla y Zarza de Montánchez para que estemos mejor preparados ante cualquier situación grave.
• Mejor previsión de inundaciones: Se han añadido tres nuevas estaciones para predecir inundaciones en Mérida, Almendralejo y Nuñomoral. Además, ahora contamos con información del Sistema Europeo de Predicción de Inundaciones (EFAS), que ayuda a anticipar eventos con más tiempo y precisión.
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Con estos cambios, según el ejecutivo, Extremadura refuerza su compromiso de proteger a sus habitantes y sus bienes, estando mejor preparada para actuar rápidamente y reducir los riesgos ante posibles inundaciones.

La Junta de Extremadura defiende, sobre una posible bajada de la ecotasa a la Central Nuclear de Almaraz, una revisión "integral" de todo el sistema tributario de la energía. La región no seguirá el paso de la Comunidad Valenciana, que ha planteado suprimir ese impuesto, y no lo hará, asegura la consejera Portavoz, Victoria Bazaga, por varios motivos.

Extremadura recauda unos 82 millones de euros al año

El primero, económico. La Comunidad Valenciana grava la producción de energía nuclear con 1,8 euros por megavatio, lo que le genera 14 millones de euros. En Extremadura, el impuesto es casi tres veces mayor, y como además Almaraz produce más, la recaudación se dispara hasta los 82 millones de euros al año. Uno de cada 100 euros del presupuesto extremeño proviene de la central.

La Junta apuesta por una revisión integral 

La segunda razón para mantener la ecotasa es política. La Junta no la rebajará si esa rebaja no se generaliza a otras administraciones. En el foco, la tasa Enresa, fijada por el Gobierno de España, que recauda casi cinco veces más. Desde el ejecutivo extremeño se defiende también que ese marco tenga en cuenta el "esfuerzo" que hacen las regiones productoras, que a su juicio "no se ven favorecidas ni reflejadas luego en la recaudación".

El Gobierno sostiene que la tasa Enresa no es un impuesto

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, recuerda que la tasa Enresa no es un impuesto, sino una tasa necesaria para pagar por adelantado los gastos del desmantelamiento y los residuos nucleares.

VOX pide que se elimine el impuesto autonómico

Precisamente desde VOX Extremadura, han pedido que se elimine la ecotasa, la tasa autonómica en su totalidad. Ya registraron una propuesta para reducirla al 50% y ahora la modifican para pedir que se anule al completo.

Ecologistas en Acción reiteran el cierre de la planta atómica

Desde Ecologistas en Acción y otras organizaciones antinucleares califican de irresponsable cualquier intento de prolongar la vida útil de Almaraz, afirmando que “la central nunca debió haber sido construida, por la peligrosidad que implica y por la imposible gestión de sus residuos”.
 

Nuevas medidas para acabar con las llamadas comerciales no deseadas. El Ministerio de Consumo anuncia un nuevo paquete de medidas. Entre ellas, las empresas deberán identificar sus llamadas comerciales con un prefijo telefónico específico. Si no lo hacen, las operadoras estarán obligadas a bloquearlas.

También se podrán declarar nulos todos los contratos que se suscriban a través de llamadas telefónicas no consentidas, y se obligará a las empresas a renovar cada dos años el consentimiento del usuario para recibir llamadas. Ambas enmiendas se están negociando con el resto de grupos parlamentarios en el seno de la comisión del ramo del Congreso.

Las empresas que no cumplan se enfrentarán a multas de hasta 100.000 euros

El proyecto de ley busca mejorar la experiencia de los usuarios con medidas como limitar a tres minutos los tiempos de espera telefónica, prohibir la atención exclusivamente automatizada, reducir el plazo de respuesta a quejas a 15 días y ofrecer servicios específicos para personas mayores o con discapacidad. Las empresas que no cumplan con estas normas enfrentarán multas de entre 150 y 100.000 euros, según la gravedad de las infracciones.