Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han destapado en la provincia de Badajoz un fraude a la Seguridad Social de casi dos millones de euros, en la que se ha detenido a cinco personas e investigado a una sexta.
Los detenidos están acusados por tres delitos contra la seguridad social y uno de frustración en la ejecución, según relata la Policía Nacional en nota de prensa.
Según señala, en una de las tramas, un empresario del sector agrícola y ganadero operaba acumulando deudas con la Seguridad Social y evitando el pago interponiendo empresas y personas para obstaculizar la acción recaudatoria.
Las investigaciones comenzaron en junio de 2023 ante las presuntas actuaciones irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas, ubicadas en la provincia de Badajoz, con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.
Explica la Policía Nacional que los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Nueve implicados
En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda, creando grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades investigadas.
En la operación, los agentes pudieron determinar la presunta participación delictiva de nueve personas, siendo principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, trabajadores que figuraban en connivencia, siéndoles imputados los delitos contra la seguridad social y frustración de la ejecución.
Tres empresas
Durante la actuación se ha investigado a tres empresas relacionadas con el sector agrícola y ganadero, dirigidas y gestionadas todas ellas por un mismo administrador.
Además las investigaciones pudieron determinar la existencia de un grupo de empresas que se ha ido sucediendo en el tiempo, compartiendo recursos personales y mismos órganos de dirección, que han sido utilizadas como medio o instrumento defraudatorio para eludir responsabilidades personales e ir encaminándose a evitar los posibles embargos de acreedores y más concretamente las deudas generadas con la Tesorería General de la Seguridad Social.
Señala la Policía Nacional que "esta competencia desleal y ventaja competitiva, sirve como herramienta de gestión empresarial al reducir costes frente a los competidores", y hace que las otras empresas del sector no puedan competir, ya que tienen que soportar superiores costes derivados del cumplimento de la legislación en materia de cotización a la Seguridad Social y pago de los seguros sociales, lucrándose el investigado de una forma ilegal y fraudulenta.
Las investigaciones determinaron que "no ha habido interés por parte de las empresas de regularizar la deuda, ni intención de formalizar aplazamientos o acuerdos" y no han presentado alegaciones a la invitación al pago que se le remitió y no han presentado el concurso de acreedores pese a concurrir causas legales para ello.
Cuando las empresas acumulaban una deuda que superaba la cantidad considerada delito, en paralelo se utilizaban otras mercantiles con las que continuar con la actividad y con la misma dinámica de no hacer frente al pago de los seguros sociales.
El perjuicio económico total causado a la Tesorería de la Seguridad Social por el entramado de empresas asciende a 692.211,52 euros y se considera al administrador presunto responsable de un delito contra la Seguridad Social y uno de Frustración en la Ejecución
