Leire Díez
El juez Arturo Zamarriego ha aceptado el recurso de la defensa de la exmilitante socialista Leire Díez y ha rechazado la inhibición solicitada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Badajoz. Así, el magistrado mantiene en su juzgado la investigación derivada de la querella presentada por Hazte Oír sobre los supuestos intentos de apartar a la jueza Beatriz Biedma del caso que afecta al hermano de Pedro Sánchez, al considerar que no es competente el juzgado pacense para instruirla.
El escenario procesal que se abre ahora es el siguiente: el Juzgado de Instrucción de Badajoz podría plantear una cuestión de competencia y elevar el asunto a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que sería quien decidiera definitivamente qué órgano debe asumir la causa. La otra posibilidad es que el propio juzgado pacense decida hacerse cargo del procedimiento.
La querella de Hazte Oír acusaba a Leire Díez y al exjuez Luis Sáez de Tejada de revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias. La organización sostenía que ambos buscaban “sabotear” la causa abierta en Badajoz y que tenían un interés especial en apartar a la jueza Biedma. El asunto fue remitido inicialmente a Madrid por el juzgado de Badajoz, pero Zamarriego ha decidido continuar con la investigación.
El magistrado también ha expulsado como acusaciones particulares al juez jubilado Manuel García Castellón y al empresario Víctor de Aldama, al considerar que ninguno ha demostrado ser perjudicado por las presuntas maniobras de Díez. Les invita, no obstante, a presentar su propia querella si creen haber sido víctimas y les permite personarse como acusación popular, pero no como perjudicados directos.
Zamarriego señala que Aldama no aporta hechos relacionados con el objeto real del procedimiento, y que en el caso de García Castellón no se concreta ningún daño vinculable a esta causa, más allá de un posible menoscabo reputacional que correspondería a un delito de injurias, ajeno a la investigación. Mientras tanto, el juez continúa analizando si Díez dirigía una actuación coordinada para obtener información comprometida de la UCO y de Anticorrupción con el fin de frenar investigaciones que afectaban a políticos y empresarios.
