Revés al Ayuntamiento de Cáceres. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le ha condenado a reevaluar a cinco aspirantes a una plaza en la Policía local. Deberá, según la sentencia, “motivar y especificar las puntuaciones obtenidas”.
Los cinco policías empataron a puntos en el proceso selectivo de 12 plazas de movilidad que se convocaron en 2019. El consistorio decidió resolver el empate aplicando un sorteo por apellidos, “contrario a los principios de mérito y capacidad”, según establece el alto tribunal extremeño.
“Si con la revisión de las puntuaciones el empate se mantuviera, el Ayuntamiento debe agotar las posibilidades de desempate compatibles con los principios de mérito y capacidad” y no “basado en el azar”, dado que el criterio de orden alfabético lo determinó el sorteo de una letra.
Sólo a los cinco candidatos
Un pronunciamiento que afecta “exclusivamente a los cinco candidatos” y se adopta a “los únicos efectos del desempate. Sin hacer expresa imposición de las costas procesales, causadas en las dos instancias jurisdiccionales”.
De hecho, el TSJEx revoca la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Cáceres de fecha 3 de diciembre de 2020 que, a su vez, desestimaba el recurso interpuesto contra la resolución del Ayuntamiento que anulaba el recurso de alzada contra el tribunal calificador de la convocatoria de 12 plazas se policías locales.
Contra la sentencia cabe recurso de casación al Tribunal Supremo.
Reacciones
El Ayuntamiento ya se ha pronunciado al respecto. El portavoz del Gobierno local, Andrés Licerán, ha manifestado que cuando tenga el informe jurídico municipal “se trasladará al tribunal calificador para una nueva baremación”.
"Los procesos selectivos los realiza un tribunal y no el Gobierno local", ha zanjado el portavoz, al tiempo que ha recordado que todavía pende otra reclamación sobre el citado proceso selectivo.
“Lo que pretendemos es que este proceso quede resuelto cuanto antes para que perjudique lo menos posible a la plantilla de la Policía Local. Y ofrecemos cualquier tipo de solución, dentro de un marco legal, para que ninguno se tenga que ir”, dado que los afectados ya eran funcionarios de algunos de los cuerpos o plantillas de Policía Local de la región.
