Infinity Lithium tacha de "decisión política" la denegación del permiso de investigación amparándose en que el plan de urbanismo lo impide. Aseguran que en 2016 sí se concedió esa licencia. "Este proyecto en 2018, sin incluir las mejoras de ahora, demostró su viabilidad técnica y económica, su respeto ambiental, con el estudio de impacto ambiental, pero la retroacción impidió que se continuara su tramitación", ha relatado su director general en España, David Valls.
En este sentido, ha criticado que el Ayuntamiento "impidiera una revisión ambiental del proyecto" aquel año.
Inseguridad jurídica
Ahora, según la empresa, la decisión de la Dirección General de Industria de denegarles el permiso de investigación por considerar que las actividades de investigación que se pretendían acometer son acciones "prohibidas" por el Plan General Municipal, da una "inseguridad jurídica" a la región.
Y es que, a su juicio, el proyecto minero atraería más industrias nacionales e internacionales relacionadas con el sector de las baterías y la automoción, sin embargo, ha dudado que con esta "inseguridad jurídica" lleguen las inversiones pues "las resoluciones no están sujetas a la legalidad sino a decisiones políticas".
Recurso de alzada
Por todo ello y porque creen que el proyecto es viable económica y medioambientalmente hablando acudirán a los tribunales. Primero vía administrativa a través del recurso de alzada. Tienen un mes y después la Junta, seis meses para contestar. De ser contrario a sus intereses acudirán al Contencioso administrativo. Desde la empresa han dicho que irán hasta el final en este asunto.
Oposición al proyecto
Unos pasos que siguen de cerca desde la Plataforma 'Salvemos la Montaña'. Su portavoz Santiago Márquez asegura que la lucha "no ha acabado".
Desde el Ayuntamiento de Cáceres acusan a la empresa de querer mantener con vida un proyecto abocado al fracaso. El PP por su parte pide claridad y concisión a la Junta para que dé carpetazo a este proyecto.
