La cárcel de Cáceres ha tenido que recurrir a la contratación de médicos privados ante la escasez de facultativos. Una situación que no es nueva, puesto que es el segundo año que este centro penitenciario licita un concurso para poder asistir al casi medio millar de reclusos y reclusas.
El sindicato Acaip UGT denuncia que ya avisaron de que este problema podría producirse cuando se jubilaran los cinco médicos de plantilla que había en la prisión.
La telemedicina como solución
Y su vaticinios se cumplieron. En 2019 se jubiló el último médico de plantilla y desde entonces cubrir las plazas vacantes se ha convertido en 'misión imposible'. No hay médicos que quieran acceder a estos puestos. Por eso, el centro penitenciario ha recurrido a la contratación de dos facultativos de la sanidad privada que cumplen los turnos de mañana y tarde, además de las urgencias durante los fines de semana.
Una solución que, sin embargo, no convence al sindicato Acaip UGT, mayoritario en esta cárcel. Lo califican de 'parche' que no soluciona el problema. Además rechazan la propuesta de Instituciones Penitenciarias de impulsar la telemedicina. Dionisio Iglesias, responsable del sindicato, afirma que "se podría incurrir en un problema médico-legal si la administración pretende que sean profesionales como enfermeros los que asuman decisiones que son de exclusiva competencia de médicos".
Médico jubilada: "La atención sanitaria es insuficiente y vulnera los derechos fundamentales de los reclusos"
Por su parte, una de las médicos penitenciarias jubiladas, Carmen Hoyos, señala que llevan años luchando para solucionar esta situación. Esta ex-coordinadora de sanidad penitenciaria dice que la solución pasa "porque se cumpla ley aprobada hace casi 20 años para transferir las competencias a las Comunidades Autónomas y reconoce las peculiaridades de esta profesión. Algo que ya ha ocurrido en Cataluña, País Vasco y Navarra".
Además, Hoyos advierte de que "lo más grave es que en las circunstancias actuales la atención sanitaria que se ofrece a los reclusos es insuficiente. Y esto vulnera los derechos fundamentales de estas personas".
