La empresa Tecnología Extremeña del Litio (TE) ha presentado un recurso de alzada contra la decisión de la Junta de Extremadura de no conceder el permiso de investigación para el proyecto San José Valdeflórez en Cáceres, ya que "no cumple con los criterios legales establecidos" e "implica un cambio de criterio injustificado respecto a la decisión tomada en 2016".
Con este recurso de alzada TEL solicita de forma oficial a la Junta que "ciña su decisión a los criterios legales objetivos, recuperando el principio de confianza legítima que debe imperar en toda relación con la Administración pública", señala David Valls, responsable del proyecto minero en España.
En el recurso presentado, la compañía indica que la documentación del proyecto cumple con todos los requisitos legales necesarios para el otorgamiento y que, por tanto, su denegación no se basa en motivos jurídicos.
Además, este mismo permiso ya fue aprobado con anterioridad, en iguales circunstancias, en una resolución del 29 de abril de 2016.
La minera alude a que la denegación del permiso la basa la Junta en la normativa urbanística de Cáceres, recogida en su Plan General Municipal (PGM), que prohíbe la actividad extractiva en el paraje Valdeflórez, en suelo no urbanizable.
Sin embargo, "esta regulación hace referencia al uso extractivo del suelo, no siendo extensible a las actividades de investigación", apunta TEL, que detalla en el recurso que las actuaciones planteadas "no constituyen extracción o explotación de materias primas".
"Son meras actuaciones de estudio del subsuelo, por lo que no podría existir una limitación o prohibición para las mismas en el PGM", señala.
Por todo ello, insta a la Junta a revocar su decisión de denegación del permiso y a que "se ciña al objeto de la solicitud: las actividades investigadoras".
Y acusan a la Junta de transmitir "una sensación de parcialidad política que puede conllevar una pérdida de confianza en los procesos administrativos locales, regionales y nacionales, ahuyentando a potenciales inversores".
"Cuando las decisiones económicas dejan de regirse por criterios técnicos y legales y pasan a guiarse por la oportunidad política, se pone en peligro la seguridad jurídica y la fiabilidad administrativa, y se entra en un juego de conveniencias personalistas que puede acabar malogrando cualquier oportunidad seria de progreso", concluye Valls.
Por último, la minera achaca a la decisión de la Junta la bajada de las acciones de Infinity Lithium en la bolsa australiana.
"La caída en la cotización de las acciones es consecuencia de la inseguridad jurídica y la incertidumbre en los mercados que provocan decisiones arbitrarias de este tipo", concluye la minera.
