Este mes se cumplen 18 años desde que la Ley de Dependencia entró en vigor en España, una norma que ha beneficiado a 94.500 personas en Extremadura desde su implementación. A pesar de los avances logrados, el tiempo de espera para una resolución sigue siendo una de las principales preocupaciones en la región, con una media de 281 días.
Actualmente, más de 2.000 personas esperan la resolución de su solicitud en Extremadura, según Estrella Martínez, directora gerente del SEPAD (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia). Aunque el gobierno extremeño ha destinado 305 de los 410 millones de euros invertidos este año en esta prestación, Martínez considera que los fondos siguen siendo insuficientes para garantizar una aplicación eficiente de la ley.
“Nació desprovista de los fondos necesarios para llevarla a cabo eficientemente. Tenemos todavía pendiente parte del desaroolo de la ley como el asistente personal y la prevención de la autonomía”, señala Martínez.
Historias como la de Mónica
Mónica González, cuidadora a tiempo completo de dos hijas con enfermedad neurodegenerativa de Huntington, es una de las beneficiarias de la Ley de Dependencia en la región. Aunque agradece el apoyo recibido, echa en falta más recursos, especialmente ayudas psicológicas para enfermos y cuidadores.
El impacto de las demoras
A lo largo de estos 18 años, más de 13.000 personas han fallecido en Extremadura esperando la resolución de sus solicitudes. Esta situación refleja uno de los retos más graves de la norma: el retraso en las valoraciones y prestaciones efectivas, que limita el alcance de los derechos que garantiza la ley.
