El Gobierno quiere sacar al mercado 50.000 viviendas en alquiler social, 500 de ellas en Extremadura. Viviendas que son propiedad del banco malo, la SAREB. Una medida que anunciaba Pedro Sánchez este fin de semana y que se aprobará este martes 18 de abril, en Consejo de Ministros.
Este lunes, la vicepresidenta, Nadia Calviño ha defendido la medida, en su visita aquí en la región. "Hay un plan para la construcción de 100.000 viviendas con alquilares asequibles y vamos a movilizar 50.000 viviendas de la SAREB para conjugar, precisamente, el máximo rendimiento financiero y el rendimiento social", ha asegurado Calviño.
Los partidos políticos también han valorado la medida. Desde el PSOE y Unidas por Extremadura creen que esta medida defiende un derecho fundamental. En ese sentido, Irene de Miguel ha dicho que "creemos que era algo lógico que toda esa vivienda que tenía este banco malo pasara a los poderes públicos para ser gestionadas como viviendas de alquiler". Por su parte, la socialista Soraya Vega ha afirmado que esta medida "garantiza el derecho a la vivienda, que es un derecho fundamental para los socialistas y en eso estamos trabajando".
No opinan igual desde PP y Ciudadanos. Para los populares, esta medida "es una promesa más de las que nos tiene acostumbrados el tándem Sánchez- Vara", ha dicho su secretario general en la región, Abel Bautista. Desde la formación naranja, Fernando Baselga ha querido matizar los datos: "15 mil no existen, son terrenos, 14 ya están alquiladas y 21 mil, que tiene la SAREB en su poder, no las quiere absolutamente nadie".