La imagen más esperada de las últimas semanas se ha producido este lunes: el exministro de Transportes José Luis Ábalos ha comparecido como investigado ante el Tribunal Supremo en la causa por presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos de obra pública. Lo ha hecho en un ambiente de máxima expectación mediática y social, con gritos de “corrupto” y “putero” a su llegada al tribunal.
Durante su declaración, Ábalos ha negado su implicación en la supuesta trama y ha asegurado que no se reconoce en los audios que su exasesor, Koldo García, habría grabado entre 2019 y 2023. Estas grabaciones están recogidas en el informe de la UCO de la Guardia Civil.
Según fuentes jurídicas, Ábalos ha reiterado su voluntad de colaborar con la justicia y ha desvinculado completamente su papel de cualquier actividad delictiva. La Fiscalía ha solicitado que se mantengan las medidas cautelares actuales como retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales, mientras que las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, han pedido prisión provisional.
Koldo García se niega a declarar
Poco después, ha llegado al Supremo el exasesor ministerial Koldo García, quien había solicitado aplazar su declaración alegando un cambio reciente de defensa y falta de acceso completo a la causa. Sin embargo, el juez ha rechazado la petición, por lo que García ha optado por acogerse a su derecho a no declarar.
Su nueva abogada ha argumentado que no ha tenido tiempo suficiente para revisar una causa “compleja” y con un amplio volumen de documentación, solicitando al menos un mes de prórroga.
El caso mantiene todavía varios capítulos por desarrollarse. El próximo en declarar será el actual exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que está citado para dentro de una semana, también en calidad de investigado.
Reacciones en la región
Desde el PP, José Ángel Sánchez Juliá cuestiona el silencio del PSOE de Extremadura en estos casos. "Sobre todas estas asquerosidades de las que hemos tenido conocimiento en el Partido Socialista", sostiene el popular, que el secretario general del PSOE en la región, Miguel Ángel Gallardo, "vive arrodillado ante Pedro Sánchez".
Por su parte, en el PSOE, Isabel Gil Rosiña ha calificado a los investigados de "sinvergüenzas" y ha evitado pronunciarse "sobre lo que digan a las puertas de los juzgados", asegurando que confían en la justicia de nuestro país. Sostiene que se trata de un caso de corrupción que afecta a personas que han sido dirigentes del PSOE, "por tanto, máxima colaboración por parte del Partido Socialista".
Álvaro Sánchez Ocaña, de Vox, cree que el caso no termina aquí: "Tiene que haber algún personaje más que todavía no ha salido a la luz", y mantiene que la UCO no puede parar hasta dar "con todos y cada uno de ellos".
Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, sostiene que no se trata de manzanas podridas: "Lo que esto demuestra es que hay un sistema corrupto, corrompido, podrido, que se apoya en el bipartidismo para seguir operando, independientemente de a quién le toque gobernar".
