El acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña permitirá a esta comunidad gestionar los Centros de Internamiento de Extranjeros, reforzar la presencia de los Mossos d’Esquadra en la seguridad de puertos y aeropuertos en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y determinar los perfiles de trabajadores extranjeros contratados en origen. Para ello, se aumentará el número de efectivos policiales en 1.800 agentes más.
¿Qué piensan en Extremadura?
Esta última medida ha despertado el interés en Extremadura, donde el sector de la construcción estima que necesita entre 8.000 y 9.000 trabajadores para cubrir la falta de mano de obra. Desde la patronal extremeña Pymecon ven con buenos ojos cualquier iniciativa que ayude a agilizar la burocracia en la contratación de trabajadores extranjeros. "Si es un proceso que viene a flexibilizar la carga burocrática que hoy en día tiene la llegada de trabajadores para paliar el déficit en la construcción, evidentemente lo vemos con buenos ojos", afirma José Luis Iglesias, gerente de Pymecon.
El sector agrario extremeño también reclama que esta normativa se aplique a todas las comunidades por igual. Juan Metidieri, presidente de APAG Extremadura Asaja, subraya la necesidad de igualdad en la aplicación de la ley: "Una ley que beneficie a todos los españoles para la contratación en origen, bien, pero lo que no puede ser es que haya una parte beneficiada y la otra tenga que esperar", señala.
Por su parte, Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE Extremadura, insiste en la necesidad de que los trabajadores puedan permanecer en el país durante un período más amplio, enlazando distintas campañas agrícolas y ganaderas: "Que a estos trabajadores les resulte rentable venir a trabajar. No van a venir solo para 15 días. El mínimo es tres meses, pero apostamos porque puedan permanecer más tiempo concatenando campañas y así trabajar durante muchos más meses", explica.
Desde el Gobierno central ya han manifestado que la delegación de competencias migratorias podría extenderse a otras comunidades autónomas si así lo solicitan.
Sin los apoyos necesarios
El acuerdo tendrá que ser aprobado en por el Congreso de los Diputados y de momento, no cuenta con los apoyos necesarios. Desde la Junta de Extremadura rechazan esa cesión de competencia, otra más han dicho, a los independentistas.
El rechazo también ha llegado desde las Comunidades Autónomas del Partido Popular y de la socialista de Castilla-La Mancha. García Page ha dicho que el acuerdo migratorio del Gobierno con Junts es “hipócrita” y “racista" y que no se puede gobernar a cualquier precio. Mientras que la madrileña Ayuso asegura que en el momento en el que crean fronteras están rompiendo la unidad del país.
