Cambios en la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX). A partir de mañana martes la institución renovará sus órganos de gobierno y el alcalde de Olivenza, el socialista Manuel González Andrade, será nombrado nuevo presidente, el sexto desde que se constituyó hace 36 años, al ser el partido que ganó las pasadas elecciones municipales.
Tomará el testigo del también socialista Francisco Buenavista, alcalde de Hornachos y actual dirigente de la Fempex. Una institución que también ha estado liderada por Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia; Ramón Díaz Farias, alcalde de Villanueva del Fresno; José Muñoz, exalcalde de Cabeza del Buey y Antonio Vélez, exalcalde de Mérida.
A un día de ser elegido nuevo presidente de la FEMPEX, el alcalde de Olivenza se ha mostrado relajado al saber que contará con el respaldo de todos en la Asamblea General que tendrá lugar mañana en Mérida y en la que se darán cita más de 250 alcaldes y alcaldesas.
La de González Andrade es la única candidatura para presidir esta institución. Según ha explicado a Extremadura Noticias saldrá elegido por unanimidad "ya que los 31 miembros de la Comisión Ejecutiva han llegado a un consenso".
Afronta el cargo con la pretensión de "defender el municipalismo, dar autonomía a lo local y dar visibilidad al municipalismo. Seré la cara de alcaldes y alcaldesas extremeñas independientemente de quien gobierne en Mérida, Madrid o Europa".
El actual presidente de la FEMPEX, Francisco Buenavista, se despide del cargo tras dos legislaturas al frente de la institución y durante sus mandatos también ha contado con el apoyo de todos los partidos. Sigue siendo reivindicativo con la financiación local y ha exigido un nuevo modelo más moderno.
La FEMPEX está formada por 412 miembros: los 388 pueblos extremeños, las 22 entidades locales y las dos diputaciones. Entre los servicios que oferta, una unidad de asuntos europeos para gestionar proyectos y fondos comunitarios, con dos oficinas, una en Extremadura y otra en Bruselas; y un servicio de prevención de riesgos laborales para los ayuntamientos.