En apenas 15 días, la Junta ha anunciado la convocatoria de procesos selectivos para convertir en fijas más de seis mil plazas temporales. Educación fue la primera en dar el paso anunciando la consolidación de 1.141 plazas de docentes. Días después, Sanidad hacía lo propio con 1.881 plazas de trabajadores del SES. Ayer, la Administración General de la propia Junta sumaba otras 3.193 plazas para reducir su temporalidad al mínimo: "Vamos a pasar de una temporalidad de entre el 25 y el 30 y poco por ciento a una temporalidad de apenas el 4%", estima la Directora General de Función Pública Carmen Vicente.
La administración regional ha llegado a acuerdos con los sindicatos en Sanidad pero no en Educación ni en Administración General. Y es que dado que la mayoría de las plazas se resolverán sin necesidad de exámenes, la Junta planeta dos líneas rojas: no quiere valorar la formación en el concurso de méritos y quiere que se tenga en cuenta si hay ejercicios aprobados en convocatorias previas. Con todo, aunque la Administración tiene la obligación de negociar pero no de acordar con los sindicatos, por lo que no hay dudas de que esta oferta se publicará antes del 1 de junio.
Todo en cumplimiento de la Ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público aprobada a finales de año, que establece la obligación de convocar procesos selectivos para convertir en empleos estables (o de lo contrario, perderlos) todas las plazas estructurales de las administraciones públicas. Un proceso con un calendario claro: el número de plazas que se sacarán a proceso selectivo debe quedar fijada antes del 1 de junio, la convocatoria de esos procesos aprobada antes de fin de año y la realización y resolución de pruebas, antes de finalizar 2024.
Las grandes ciudades ultiman sus ofertas
Por tanto, la primera parada de ese ambicioso plan de estabilización del empleo público se cumple dentro de 24 días. Y además de la Junta, Estado, Diputaciones, Mancomunidades y ayuntamientos están volcados en la negociación con los sindicatos y la aprobación de las plazas que se someterán a procesos selectivos.
Entre los grandes ayuntamientos de la región, es el de Mérida el que más avanzado tiene su oferta de empleo: sacará a proceso selectivo 72 plazas. 68 serán por concurso de méritos, correspondientes a plazas anteriores a 2016, y cuatro por concurso-oposición. Julio César Fuster, delegado de personal, reconoce que "algunas plazas corresponden a personas que llevan trabajando aquí desde 2010, 2008 o incluso 2004".
Así se reducirá la temporalidad por debajo del 8% que marca la ley. Un porcentaje que ya tiene el Ayuntamiento de Badajoz que, aún así, ofertarán 84 plazas que serán fijas. "Es una seguridad que le damos a los trabajadores de la casa para que tengan un futuro más estable", asegura el alcalde pacense, Ignacio Gragera.
En Cáceres, de momento, sólo hay un borrador de la oferta de estabilización de 52 plazas que aún no se ha cerrado con los sindicatos. Mismo punto en el que se encuentra Plasencia, donde proponen 27. Tienen tres semanas y media para llegar a un acuerdo.
Mancomunidades y ayuntamientos no serán una excepción
Un ejemplo. La Mancomunidad de la Campiña Sur va a convertir en indefinidos a 60 empleados temporales. Según su presidente y alcalde de Casas de Reina, cumplir con la nueva legislación laboral no les está generando ningún problema. "Dentro de unos días saldrán las bases para la consolidación, y no habrá mayor problema porque la inmensa mayoría de nuestros trabajadores ya tienen contratos indefinidos", nos explica Agustín Castelló, presidente de la mancomunidad del sur de Badajoz. Al lado de la Campiña, en Tentudía, la oferta aún se está negociando, pero rondará las quince plazas.
Más fácil lo tendrán en Garrovillas de Alconétar, donde no tendrán que sacar ninguna convocatoria extraordinaria porque, según explica su alcaldesa, Elisabeth Martín, "los empleos temporales que tenemos van asociados a programas concretos de la Junta o la Diputación".
Y es que no todos los contratos para trabajar para los ayuntamientos serán indefinidos, porque se mantienen al margen de este proceso de consolidación los planes de fomento de empleo asociados a fondos europeos y financiados por la Junta y las Diputaciones que tienen una duración concreta, como explica Andrés Hernáiz, alcalde de San Vicente de Alcántara: "Con los convenios que saca la Junta y la Diputación tenemos bastante, nosotros no hemos hecho cosas raras, así que ahora estamos tranquilos".
Un nuevo marco legal que ha dicho adiós a los contratos por obra y servicio o de duración determinada, que se utilizaban mucho por los ayuntamientos. "Esa modalidad ya no existe, pero no tenemos problemas en adaptarnos a la nueva regulación", apunta Carlos Caro, alcalde de Arroyo de la Luz,
También se ha autorizado a los ayuntamientos a suscribir contratos de duración determinada siempre que estén asociados a la ejecución de algún proyecto financiado con dinero del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
