Maria Jesús Montero, ministra de Hacienda
El Gobierno, CCOO y UGT han acordado este lunes una subida salarial para los funcionarios del 9,5%, repartida entre 2022 y 2024, que se ha encontrado con el rechazo de CSIF, también presente en la mesa de negociación, por considerarla insuficiente para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha confirmado, a través de un comunicado, que "la Mesa General de Negociación de la Función Pública ha aprobado hoy la propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública para mejorar las retribuciones de los empleados públicos".
"Con el pacto alcanzado hoy, las empleadas y empleados públicos recuperan los derechos laborales que fueron recortados en 2012 y se potencian los elementos esenciales que deben conformar una Administración para el siglo XXI", añade el comunicado de Hacienda.
La cartera que encabeza María Jesús Montero presentó su propuesta salarial y laboral a los tres sindicatos el pasado jueves y les dio de plazo hasta este lunes para recibir sus respuestas finales.
UGT ya expresó tras esa reunión su respaldo a la oferta de la cartera que dirige María Jesús Montero, y así lo ratificaron sus órganos de decisión el viernes. En los encuentros de este lunes, tanto en el de la mañana como en el de la tarde, el sindicato ha recalcado al Ejecutivo su apoyo a esta subida salarial para los empleados públicos.
La secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha confirmado el pacto con el Ejecutivo después del encuentro de esta tarde.
"Quienes sí hemos avalado y ratificado esa subida salarial somos los mismos sindicatos que esta mañana en la mesa de diálogo social hemos dicho que se ratifica en el seno de nuestras organizaciones sindicales", ha dicho Araque a los medios.
UGT ha recalcado que "apoya este acuerdo desde la coherencia, el realismo y la responsabilidad", para que unos tres millones de empleados públicos "puedan paliar el efecto de la inflación en su economía".
CCOO también ha trasladado esta mañana al Ministerio su ratificación del acuerdo, como ha informado su coordinador del Área Pública, Humberto Muñoz, a través de un vídeo.
"Todo ello está condicionado a una correcta relación en la aprobación, en las próximas semanas, de ese acuerdo en otras materias muy importantes que acompañan al salarial y que tienen que ver con la recuperación de determinados recortes de Gobiernos anteriores", ha expresado.
No obstante, CCOO ha reconocido en un comunicado que, pese al visto bueno de la organización, la subida salarial sigue "siendo insuficiente".
CSIF, que desde el principio exigió un incremento salarial de doble dígito, ha emplazado esta mañana al Ministerio de Hacienda y Función Pública a mejorar su oferta en la reunión de la tarde. El Gobierno ha mantenido su propuesta del 9,5% entre 2022 y 2024 y el presidente de CSIF, Miguel Borra, ha dado su rechazo definitivo.
"Manifestamos nuestro absoluto rechazo a la oferta salarial que nos ha trasladado el Gobierno. Los empleados públicos vamos a volver a perder capacidad adquisitiva. Desde CSIF no vamos a avalar con nuestra firma un acuerdo que desde el minuto cero implica volver a perder capacidad adquisitiva", ha dicho Borra a los medios esta tarde.
CSIF considera que la subida presentada por Hacienda no es de un 9,5%, sino de un 6%, puesto que los funcionarios ya han contado con un alza del 2% en sus nóminas este año. El resto del incremento se corresponde con un 1,5% adicional que dependerá de variables como el IPC o un crecimiento del PIB del 5,9% en 2023, algo que el sindicato ve "muy difícil".
Hacienda calcula una revalorización en términos reales de hasta el 9,8%
Los empleados públicos recibirán este 2022 una subida adicional del 1,5% "que compense la inflación", como apunta Hacienda en su nota de prensa. Ese porcentaje se sumará al alza del 2% aprobado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.
La cartera de Montero explica que ese incremento adicional se consolida y, por lo tanto, el aumento de 2023 se aplicará sobre una base mayor.
En 2023, las retribuciones públicas se elevarán un 2,5% y se podrán incrementar hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal. Los funcionarios recibirán un 0,5% más si la suma del IPC Armonizado de 2022 y del IPC Armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%.
La otra variable, también del 0,5%, se aplicará si el PIB nominal iguala o supera el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE de 2023.
En 2024, los sueldos públicos subirán otro 2%, con un 0,5% adicional en función de la variación del IPC armonizado.
Hacienda precisa que el incremento salarial fijo durante el período 2022-2024 es de un 8%, con posibilidad de subir hasta el 9,5% en función de diversas variables contempladas en las cláusulas de revisión.
Además, recuerda que la revalorización salarial podría alcanzar un 9,8%, ya que el incremento salarial de cada ejercicio se consolida y, por tanto, el aumento de cada año se realiza sobre el sueldo incrementado del ejercicio anterior".
El Gobierno y los sindicatos seguirán trabajando "para alcanzar un acuerdo más amplio" que incluya "las reformas comprometidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)".
El acuerdo entre Hacienda y los sindicatos de la Función Pública también recoge la eliminación de las limitaciones que impiden la negociación e implantación de una jornada ordinaria de 35 horas en las Administraciones Públicas, la plena aplicación de la clasificación profesional del artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep) y la derogación de los recortes del Real Decreto Ley 20/2012.
Asimismo, alude a la limitación de la tasa de reposición, a la implementación de las medidas de igualdad, a la negociación sindical de la digitalización y modernización de las Administraciones Públicas, y a la negociación de la atracción y retención del talento en las Administraciones Públicas.
