Debate en la calle ante propuesta del Gobierno de España en Bruselas para que las carreteras sean de pago a partir de 2024.
La propuesta del Ejecutivo se incluye dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y pretende implantar de una manera progresiva peajes en las vías estatales. Un pago que primero se implantaría en las vías rápidas, autovías y autopistas, y que después podría ser extensible al resto de carreteras nacionales.
Una medida que se pretende llevar a cabo bajo los principios de "el que contamina paga" y "el que usa paga".
El Gobierno sostiene que, de acuerdo con la experiencia internacional, se necesitaría de 2 a 3 años como mínimo para desarrollar la normativa y estructura precisa para implantar este sistema de pago por uso a nivel nacional.
Se espera que en el primer semestre de 2021 se eleve el texto al Consejo de Ministros para una primera lectura y que se apruebe en el segundo semestre de 2023.
Badajoz-Mérida: 6,5 euros semanales
¿Y cuánto nos costaría el peaje? La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) defienden un peaje de entre 3 y 5 céntimos por kilómetro para acabar con el déficit de 8.000 millones que acumula la conservación de las carreteras.
Pero la idea que baraja el Gobierno es de un céntimo el kilómetro. Esto significa que si vamos de Badajoz a Mérida, pagaríamos 65 céntimos por viaje. O sea 1,3 euros al día y 6 euros y medio a la semana. Y desplazarnos de Cáceres a Plasencia nos costaría 80 céntimos por trayecto, 1,60 al día y 8 euros a la semana
El pago ha generado todo tipo de reacciones por parte de los extremeños. Aunque algunos entienden que se necesiten fondos para la conservación de las vías, una gran parte no está de acuerdo. Sobre todo los que a diario tienen que utilizarlas para desplazarse a trabajar.
Negociación con transportistas y comunidades
Las reacciones ya son contempladas por el ejecutivo, por eso desde ahora y hasta 2024 llevarán a cabo una campaña de concienciación y sensibilización sobre la necesidad de esta medida.
Se contemplan poner tarifas asumibles, escalables y progresivas- asegura el Gobierno- además de reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos más desfavorecidos o a los usuarios habituales en ciertos tramos.
Este sistema de ingresos será tratado con los transportistas profesionales con objeto de llegar a un acuerdo, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones.
Mantenimiento del vías
El Ejecutivo señala, que los costes de conservación son crecientes y que no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios, lo que está generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como un deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial.
Por ello, entiende que imponer un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria, generar incentivos hacia una mayor eficiencia de este modo de transporte y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
En la actualidad, la red estatal supera los 26.466 km de extensión, de los que unos 12.000 son carreteras de alta capacidad, siendo la más extensa de Europa.
