Reunión con los agentes sociales y económicos para abordar el impacto del conflicto en Oriente Medio, en la sede del Ministerio, a 12 de marzo de 2026, en Madrid. Durante la reunión se ha abordado el impacto económico y laboral derivado del conflicto bélico en Irán.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este jueves que el Gobierno trabaja en un real decreto ley para hacer frente a los efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Próximo. El paquete incluirá medidas fiscales para contener el precio de la energía y ayudas específicas para dos de los sectores más afectados: el campo y el transporte por carretera.
Cuerpo ha trasladado estas líneas de actuación tras reunirse con sindicatos y representantes de la patronal para analizar la situación y estudiar posibles respuestas. En el encuentro también han participado las tres vicepresidentas del Ejecutivo y la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno.
No incluiría la bonificación al combustible
Entre las medidas que, por el momento, el Ejecutivo parece descartar está la bonificación general al combustible de 20 céntimos por litro que se aplicó durante la guerra de Ucrania, así como una rebaja del IVA de los alimentos. Según el ministro, varios de los sectores consultados han considerado que la ayuda directa al combustible fue poco eficaz.
“Es una de las medidas que menos nos aconsejan”, ha señalado Cuerpo en rueda de prensa, donde ha explicado que los distintos agentes sociales han apuntado más bien hacia actuaciones en el ámbito fiscal.
Cuatro líneas de actuación
En primer lugar, medidas estructurales para seguir impulsando las energías renovables, la electrificación y la transición ecológica, que el Ejecutivo considera un elemento clave para reducir la dependencia energética. El segundo bloque estará centrado en minimizar el impacto del aumento de los costes energéticos mediante medidas fiscales destinadas a contener el precio de la electricidad y de la energía.
El tercer pilar se dirigirá a mitigar la subida del precio de los combustibles con ayudas específicas a sectores especialmente sensibles, como el agrícola y el transporte por carretera, además de reforzar la vigilancia de los precios por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Finalmente, el plan incluirá medidas de protección social para los colectivos más vulnerables. Entre ellas podría contemplarse la prohibición de cortar suministros básicos a familias en situación de vulnerabilidad, una medida que ya se aplicó durante la crisis derivada de la guerra en Ucrania.
