El debate de las pensiones está sobre la mesa. El Gobierno ha planteado subir las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social para poder pagar las pensiones futuras. Durante dos semanas, la negociación será intensa entre Gobierno, sindicatos y patronal.
El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, plantea subir la cuota que trabajadores y empresarios pagan a la Seguridad Social en las nónimas. Sería durante 10 años, desde 2022, y aumentaría el 0,5%. Para las nóminas de mil euros mensuales, significaría cinco euros cada mes. Para las de dos mil, diez...No está decidido cómo se pagará ese porcentaje. Los expertos fiscales consideran que se pagará a partes iguales entre trabajadores y empresarios.
Más presión
Los empresarios critican la medida. Creen que hay que buscar otras alternativas antes de subir la carga fiscal. "Si esto es ayudar a una recuperación, que venga Dios y lo vea. Más presión de gastos y todos los palos van al mismo sitio", apunta José María Pérez. "Un golpe más que lo que hace es lastrar la competitividad de las empresas, las empobrece aún más si cabe", añade Miguel Ángel Pérez, también empresario.
"Un golpe más que lo que hace es lastrar la competitividad de las empresas"
En la calle, encontramos diversidad de opiniones sobre esta medida para garantizar las pensiones. "Pan para hoy y hambre para mañana. Si a los obreros les suben, pero les desquitan cuando lleguen su momento, vamos a estar todos iguales", apunta un jubilado. "Habría que buscar un término medio", cree otro. "Es volver a cargar a los trabajadores más, y cuesta", añade un trabajador. "Ya pagamos bastante y tenemos de las tasas europeas más altas", matiza otro.
Agentes sociales
Los agentes sociales, que están en la mesa de negociación con el Gobierno, también discrepan. UGT lo aplaude. Según la secretaria general del sindicato en Extremadura, Patro Sánchez, no implicará recortes en las prestaciones por jubilación. "Está dentro de los parámetros del mecanismo de negociación de equidad intergeneracional y, en principio, lo valoramos positivamente", afirma.
Desde la patronal extremeña consideran que se trata de una medida lesiva y que lo fundamental es crear más empleo. "Cuando estemos más personas trabajando, conseguiremos nutrir el fondo de reserva de las pensiones y hacer sostenible ese sistema", afirma el presidente de la CREEX, Javier Peinado.
La idea del Gobierno es que la medida esté en vigor hasta 2032 y, a partir de ahí, se revisaría cada tres años. La próxima reunión para negociarla será el lunes 8 de noviembre.
