Tras un mes de acogida, procedentes de Canarias, unos 30 migrantes, alojados en el albergue de Mérida, deben de abandonar las instalaciones. Pese a ello, el alcalde de Mérida ha confirmado que desde el ministerio trabajan para ampliar este periodo de acogida.
Marisa Prudencio, miembro de la plataforma ciudadana que ayuda a estos migrantes, se ha mostrado cauta, ante la ausencia de confirmación oficial. Pese a ello, desde el colectivo ciudadano han recibido la noticia con esperanza: "Si es así, estupendo", afirma, pero plantea, al mismo tiempo, su inquietud sobre el futuro de estos migrantes, en particular por la situación vulnerable de los menores involucrados.
La legislación española sobre el trato a menores extranjeros es clara, requiere igual protección que para los menores nacionales, y Marisa subraya la importancia de esta garantía legal: "Los menores tienen un tratamiento especial en España debido a la ley del menor, que debe ser tratado igualmente que a un menor que sea español".
Marisa también se ha mostrado preocupada, también, sobre si los migrantes han sido completamente informados acerca de sus derechos, incluyendo el acceso a pedir asilo. La portavoz de la plataforma aclara que la colaboración con el colegio de abogados y el turno de oficio ha sido fundamental para esclarecer, tanto a su plataforma, como a los migrantes, sobre los procedimientos legales vigentes.
En cuanto a la posible rectificación del ministerio sobre el periodo de acogida de estos migrantes, Marisa Prudencio sospecha que la decisión se debe tanto a la presión ejercida por colectivos sociales comprometidos como a la justicia de su causa.
Una treintena de migrantes, obligados a dejar el Albergue de Mérida este mismo viernes
