25 Junio 2024, 17:58
Actualizado 25 Junio 2024, 19:54

Tras más de cinco años de bloqueo, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español han alcanzado este martes un acuerdo para proceder a la "inmediata renovación" del Consejo General del Poder Judicial, y para presentar una proposición de ley orgánica que refuerce la independencia de la Justicia, según han informado fuentes socialistas. Por su parte, desde el PP confirman que ambas medidas serán llevadas a cabo de manera "simultánea" y refrendadas en la misma sesión del Congreso de los Diputados el próximo mes de julio.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de institucional del PP, Esteban González Pons, han firmado este acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial ante la vicepresidenta responsable de Estado de Derecho de la Comisión Europea Vera Jourová.

Alberto Núñez Feijoo, presidente del PP, ha valorado el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial positivamente, porque considera que se ha frenado la intromisión de la política en el órgano de gobierno de los jueces. El presidente del PP ha justificado su capacidad de diálogo con el PSOE por la lealtad a España y no a los socialistas.

Cinco años después

PSOE y PP han aprobado una lista conjunta con veinte nombres de reconocido prestigio y dieciséis suplentes. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha asegurado que estarán representadas las diferentes sensibilidades de la sociedad y del país, lo que ha considerado como una "buena noticia". Esteban González Pons, vicesecretario de Acción Institucional del PP ha explicado que no hay "ningún político ni expolítico" dentro de la lista. 

Además, el Poder Judicial tomará sus decisiones por mayorías de 3/5. Entre lo firmado, el compromiso para que los nuevos vocales hagan una propuesta en seis meses que despolitice los nombramientos que dependerán sobre todo de la judicatura.

Vinculación extremeña

Entre la veintena de nuevos miembros del Poder Judicial que deberá refrendar el Congreso de los Diputados en julio, hay una magistrada con vínculos en la región. Nos referimos a la fiscal Inés Herrero Hernández, que pasó su infancia y adolescencia en Cáceres, y estudió Derecho en la Universidad de Extremadura. Tras ello, su trayectoria profesional se ha desarrollado en la Fiscalía Provincial de Las Palmas, y ha sido, además, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales.
 

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