Viña y olivar en Tierra de Barros
Nuevos avances para hacer realidad el regadío de Tierra de Barros. El estudio de impacto ambiental y el plan de obras se someten a información pública desde este martes. La comunidad de regantes asegura además que la financiación está garantiza, a pesar del incremento del presupuesto inicial, y en breve espera contar con la concesión definitiva del agua necesaria.
La puesta en regadío de 15.000 hectáreas en Tierra de Barros costará finalmente 250 millones de euros, frente a los 195 presupuestados inicialmente. La construcción de una planta fotovoltaica de 13 megavatios ha incrementado la inversión, pero se mantiene la aportación fijada para los regantes: 65 millones de euros. El resto de la financiación ya está garantizada con fondos europeos y regionales. "Hay 159 millones de fondos europeos y algunos más de otras partidas. Ahora faltan los fondos de los propios agricultores", precisa Isidro Hurtado, presidente de la Comunidad de Regantes.
El agua tampoco debería ser un problema. Ya se ultima con la Confederación del Guadiana la concesión definitiva, que podría ser superior a la reserva inicial, llegando hasta los 42,7 hectómetros. "Después de las reuniones que hemos tenido con la Confederación se nos ha concedido un hectómetro y pico más", explica Hurtado.
El estudio de impacto ambiental publicado esta mañana concluye que el proyecto no implica riesgos potenciales para la protección del medio ambiente y la salud de las personas. El documento, junto con el plan de obras, se podrán consultar durante un mes, periodo establecido para presentar alegaciones. Un trámite que se ha alargado SEIS meses más de lo previsto por un error administrativo.
Y es que este mismo procedimiento se iniciaba el 18 de noviembre, pero a cargo de la Consejería de Agricultura. Sin embargo, según reconoce la propia Junta, no era ese "el órgano responsable de realizar la información pública", por lo que hoy ha vuelto a iniciar el proceso con la Consejería de Transición Ecológica a la cabeza. Las alegaciones presentadas entonces también se incorporarán a las que se notifiquen durante los próximos 30 días para garantizar la seguridad jurídica.
Si no hay nuevos imprevistos, las obras podrían licitarse a finales de este año o principios de 2022. Las obras comenzarían ya en 2023 y se alargarían durante unos cuatro años.
