"El intrusismo sanitario perjudica seriamente la salud". Es el título de unas jornadas que han abordado este problema, especialmente en el sector sanitario. Un total de trece colegios de profesionales del ámbito sanitario de Extremadura han organizado estas ponencias para luchar contra el intrusismo laboral que sufren por parte de personas no tituladas ni colegiadas.
En las jornadas han participado médicos, fisioterapeutas, dentistas, farmacéuticos, veterinarios, enfermeras, terapeutas ocupacionales, podólogos y logopedas de toda la región, y se han abordado temas como las acciones judiciales que se pueden emprender ante el intrusismo profesional, el aumento de las penas, la regulación de la publicidad sanitaria o la seguridad del paciente en Internet, entre otros asuntos. También ha participado el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles y el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco.
Riesgos para la salud
La iniciativa, que se ha celebrado en la sede del Colegio de Médicos de Cáceres, llega después de detectar un incremento importante de esta situación, por lo que los profesionales han alertado de que ponerse en manos de personas no colegiadas puede tener riesgos físicos o lesiones derivadas de malas praxis para los pacientes. Las personas que cometen intrusismo profesional no pueden acreditar conocimientos académicos regulados que habiliten sus prácticas o métodos, por tanto, los pacientes y víctimas de estas actuaciones, pueden sufrir riesgos físicos o lesiones derivadas de malas praxis que pongan en riesgo su salud. Al tratarse de una actividad ilícita y, en muchas ocasiones, clandestina, es complicado obtener datos sobre el número de pacientes que acuden a estos servicios o sobre el número de personas que están ejerciendo una actividad sanitaria de forma fraudulenta.
Además de regular la publicidad engañosa tanto en los medios como en las redes sociales, también insisten en la importancia de la colegiación obligatoria porque ello supone una garantía de los derechos de los pacientes y que el profesional dispone de una formación universitaria y cumple con los requisitos legales para la prestación de sus servicios.
También han pedido a la ciudadanía que, ante cualquier duda de si una persona dispone o no de la titulación, se pongan en contacto con el colegio profesional. Los datos de colegiados son públicos.
