Alberto Casero
El día 20 de junio a las 11:30 de la mañana, el diputado extremeño Alberto Casero declarará ante el juez Andrés Palomo en el Tribunal Supremo. El magistrado le cita para que preste declaración voluntaria en relación con la causa en la que investiga determinados acuerdos y contratos de servicios, presuntamente irregulares, que habría realizado cuando era alcalde de Trujillo en 2017 y 2018, según informa
La Sala de lo Penal del Supremo ya acordó abrir una causa al diputado extremeño en el Congreso después que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción elevase una exposición razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos, al entonces alcalde, como delito continuado de prevaricación administrativa.
La Fiscalía acusa a Casero de la adjudicación de distintos contratos a dedo con un importe de más de 123.000 euros
La Fiscalía del Supremo presentó un escrito ante la sala de lo penal del tribunal para que se abriese una investigación contra Casero por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación, por la supuesta adjudicación de esos contratos a dedo con un importe de más de 123.000 euros.
Según dictaba el escrito del Ministerio Fiscal, Casero se comprometió al pago de diversas cantidades, sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios, hechos respaldados, asegura, según prueba documental y testifical aportada por el Juzgado de Primera Instancia de Trujillo.
El Supremo recoge que en marzo de 2017 habría contratado a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto. En septiembre de 2017, podría haber firmado con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del consistorio, ni publicado en el BOE.
Además, y también en 2017, Casero habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento sin seguir procedimiento administrativo alguno. Ya en 2018, habría contratado a una empresa para la organización de un evento por importe de 14.303 euros y habría suscrito otro contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo, con una cuantía superior a 15.000 euros.
El Tribunal Supremo abre una causa contra el diputado popular Alberto Casero por posible delito de prevaricación administrativa y malversación
