El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hará pública este martes 14 de abril una sentencia decisiva sobre el uso abusivo de la contratación temporal en el sector público español, a raíz del conocido como caso Obadal. El fallo podría marcar un punto de inflexión para miles de empleados públicos, al determinar si la legislación y la jurisprudencia españolas vulneran el derecho comunitario al negar la condición de trabajadores fijos a interinos que encadenan contratos temporales durante años, una situación que afecta a cerca del 32% del empleo público.
Las dudas del Tribunal Supremo
La resolución responde a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo en mayo de 2024, tras los reiterados pronunciamientos críticos del TJUE con el sistema español. Luxemburgo deberá aclarar si la negativa a convertir en fijos a estos trabajadores infringe la cláusula 5 del Acuerdo Marco europeo sobre trabajo de duración determinada y, de forma alternativa, si una indemnización disuasoria superior a los actuales 20 días por año trabajado podría ser suficiente para prevenir y sancionar el abuso de la temporalidad. La expectación es máxima, ya que numerosos procedimientos judiciales en España permanecen paralizados a la espera de este fallo.
Un conflicto con impacto generalizado
El caso tiene su origen en la demanda de una empleada pública de la Comunidad de Madrid por abuso de temporalidad, aunque se ha convertido en el reflejo de una problemática estructural. El abogado general del TJUE ha reconocido que España puede exigir el acceso a la función pública mediante oposición por razones constitucionales, pero ha advertido de que el ordenamiento jurídico actual no contempla medidas suficientemente disuasorias contra el abuso de contratos temporales. La sentencia de este martes podría obligar a modificar la legislación vigente y redefinir la respuesta jurídica al problema de la temporalidad en las administraciones públicas.
