Con los precios del combustible disparados, el Gobierno ha aprobado un nuevo decreto para proteger al transporte de mercancías por carretera, uno de los sectores más castigados por la escalada de costes y clave para la economía, al mover el 95% de los productos que se consumen en España. La norma obliga por ley a repercutir el incremento del precio del carburante en las facturas del transporte y a actualizarlas de forma automática.
A partir de ahora, las empresas deberán trasladar el coste del combustible a sus contratos. En concreto, si el precio del gasóleo sube más de un 5%, la factura tendrá que revisarse obligatoriamente. Una medida largamente reclamada por los profesionales, que aseguran que la situación había llegado a ser insostenible.
"La verdad es que se ha desorbitado de una manera brutal", explican transportistas del sector. "Subir al norte son unos 700 u 800 litros. A 1,80 o 2 euros el litro… haz el cálculo. Eso es solo la ida, después hay que sumar la vuelta", relatan para ejemplificar el impacto directo del combustible en sus costes.
El Ministerio de Transportes busca así evitar que autónomos y pequeñas empresas, que constituyen la mayoría del sector, asuman en solitario el golpe energético. El objetivo final es prevenir un colapso logístico que pudiera afectar al abastecimiento. "Corríamos el riesgo de que se produjeran rupturas en la cadena de suministro, porque es evidente que no podemos obligar ni permitir que los transportistas trabajen a pérdidas", ha señalado Óscar Puente.
El decreto incorpora además nuevos tipos sancionadores para vigilar y castigar a las empresas que no apliquen correctamente esta revisión de precios, reforzando así el cumplimiento de la norma.
Sin embargo, las medidas no han convencido a todos. Desde las patronales del transporte de viajeros por carretera critican haber quedado fuera del decreto. Nerea Carpintero, portavoz de ETRANSA, ha mostrado su desacuerdo con una regulación que no incluye a las empresas de autobuses.
Un "olvido" que, según denuncian, deja al sector del transporte de viajeros en una situación crítica frente al aumento generalizado de los costes, sin mecanismos legales para repercutir la subida del combustible, a diferencia de lo que ocurre ahora con el transporte de mercancías.
