La Ley de Bienestar Animal entra en vigor este viernes con muchas incógnitas, lagunas y también sorpresas. Entre las más llamativas, las sanciones a las que se pueden enfrentar los dueños de perros o gatos. Podrían ser sancionados con hasta 200.000 euros si venden cachorros de manera ilícita, es decir, si no son criadores oficiales.
La normativa establece diferentes categorías y diferentes tramos en función de la gravedad:
Dejar atado al perro frente a una tienda
Esta habitual práctica, dejar al perro atado frente a una tienda sin supervisión mientras se hace la compra, se considera infracción leve, una categoría cuyas multas van desde los 500 hasta 10.000 euros. No llevar al perro o gato con correa en espacios públicos, salvo en los parques caninos, o usar collares eléctricos también estaría sancionado.
Solos en casa
La ley especifica que no se puede dejar a los perros más de 24 horas consecutivas sin supervisión en una casa, tres días para otro tipo de mascotas, e igualmente de forma habitual no pueden estar en determinados lugares de la casa, como terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios o vehículos. Las multas oscilan entre los 500 y 10.000 euros.
Pegar al perro
Los dueños de los perros que peguen al animal por castigo o para que obedezca pueden ser sancionados con hasta 50.000 euros. Está dentro de las infracciones graves, las más numerosas, las que implican daño o sufrimiento al animal. Aquí también la ley prohíbe utilizar los animales como reclamo publicitario sin autorización, abandonarlos.
Envenenamiento de gatos
Dentro de las sanciones muy graves, de 50.001 a 200.000 euros, estaría el envenenamiento a los llamados gatos callejeros. Llevar a cabo esta práctica podría ser castigado, además, con hasta 24 meses de prisión.
Matar al animal
La ley señala que "no se puede matar a un animal por razones económicas, de edad o sobrepoblación". Este sacrificio "injustificado" se considera infracción muy grave y lleva también hasta 24 meses de cárcel.
Reptiles
La nueva ley de Bienestar Animal prohíbe la tenencia de determinados animales como los reptiles de más de dos kilogramos, los reptiles venenosos, los mamíferos silvestres de más de cinco kilogramos, los peces y anfibios con mordeduras venenosas y los primates.
Los dueños de estos animales tienen la obligación con comunicárselo a las autoridades en el plazo de un año y éstas decidirán qué hacen con ellos. En el caso de no informar de esa tenencia se considerará una infracción leve.
Los refugios temen que aumente la llegada de este tipo de animales a sus centros por la incertidumbre y el miedo que ha generado entre los propietarios. En el sector no son partidarios de esta nueva normativa porque, aseguran, "tendrán menos ventas" y además recuerdan que ellos ya tienen "un registro de todos nuestros animales".
