La ausencia de un acuerdo para la investidura podría mantener a Extremadura bajo un gobierno en funciones durante varias semanas o incluso meses, lo que limita de forma significativa la capacidad operativa del Ejecutivo autonómico.
Según la normativa estatal y regional, un gobierno en funciones debe ceñirse a la gestión ordinaria, lo que impide aprobar nuevos proyectos de ley, presentar los presupuestos autonómicos o impulsar iniciativas de gran calado.
Entre las restricciones figuran también la imposibilidad de firmar nuevos convenios, conceder subvenciones directas, otorgar distinciones oficiales o contratar obras cuyo importe supere los 5,5 millones de euros. Estas limitaciones están afectando especialmente al sector de la construcción, dependiente de la obra pública.
La situación repercute igualmente en pymes, autónomos y asociaciones, que ven paralizadas nuevas convocatorias o programas vinculados a decisiones de un Ejecutivo con plenas competencias.
Además, la ley impide realizar cambios en la estructura de las consejerías, nombrar nuevos cargos de confianza o convocar procesos selectivos de empleo público mientras continúe la situación de interinidad.
