La Junta de Extremadura no se plantea "en este momento" implantar el pasaporte covid en determinadas actividades o lugares, un requisito que comunidades como Cataluña y Galicia ya tienen vigente y que otras sopesan, como Canarias, Aragón, Navarra y Comunidad Valenciana.
Preguntado por EFE sobre esta cuestión, el Gobierno extremeño ha expuesto que "en este momento es algo que no tenemos planteado".
Según datos del Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada a los 14 días en Extremadura es de 46,24 casos por cada 100.000 habitantes, casi la mitad del índice medio del país (82,02) y el tercero más bajo en el conjunto de las comunidades autónomas.
Además, Extremadura mantiene una de las tasas más bajas de ocupación hospitalaria y de positividad de pruebas diagnósticas en el conjunto de las comunidades.
En la Comunidad Valenciana, su president, Ximo Puig, ha asegurado que su Ejecutivo "acelera los procesos de carácter legal para que se pueda implantar el certificado covid en determinados centros" y "proteger así a los más vulnerables".
Aunque Puig no ha precisado a qué espacios se refería, ha matizado posteriormente que siempre serán "aquellos donde se pueden producir más contagios, espacios cerrados donde es complicado estar con mascarillas".
Medida controvertida
Varias comunidades en los últimos días han puesto sobre la mesa la implantación del pasaporte covid como requisito para intentar reducir o contener los contagios.
Se trata de una medida controvertida, sobre la que tuvo que pronunciarse el mes pasado el Tribunal Supremo por el recurso de la Xunta de Galicia a la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de la comunidad de rechazar la obligación de mostrar el pasaporte covid en establecimientos de ocio y restauración gallegos.
Los magistrados del Supremo estimaron que era una medida idónea, necesaria y proporcionada, y avalaron la medida de la Xunta: "El beneficio", "respecto de la reducción significativa de los contagios, es muy superior al sacrificio que comporta la exigencia de presentar la documentación para el acceso al local".
En Cataluña, con el certificado ya implantado para el ocio nocturno -tras permanecer cerrada la restauración, así como la actividad de bares y discotecas durante meses-, el Govern baraja extenderlo a otros sectores económicos, en caso de que la situación epidemiológica empeore.
El Govern catalán considera que es "una medida que limita derechos", por lo que su uso debe ser "muy restringido".
Ante un repunte de contagios en Galicia, que no se observaba desde septiembre, su Gobierno ha informado que el subcomité clínico "ha aprobado definitivamente la solicitud del certificado covid a los acompañantes de los pacientes que están ingresados en los hospitales".
El certificado incluye tanto la propia vacunación, como acreditar que se ha superado la enfermedad o una prueba realizada en las últimas horas para acreditar que no se padece la enfermedad.
En Navarra, con la mayor incidencia de España y que ha pasado del indicador de riesgo medio a alto al sobrepasar los 150 casos, se estudia instaurar el documento acreditativo "en determinados espacios". Su consejera de Salud, Santos Induráin, ha sostenido que ante la evolución de la pandemia "toca serenar y preservar la conseguido" y se ha mostrado dispuesta "a valorar cualquier escenario y posibles medidas colectivas".
El Gobierno canario no descarta volver a exigir a los clientes de los hoteles certificados de vacunación o test de covid para contener su propagación. La medida no está decidida, pero sí sobre la mesa.
Y a todo esto, el lehendakari, Iñigo Urkullu, es partidario de que el pasaporte covid y la vacunación obligatoria de determinados trabajadores se decida de manera "uniforme" en toda España y ve "difícil" que Euskadi adopte este tipo de medidas "si no están enmarcadas en una decisión" de ámbito estatal.
