El Gobierno ha autorizado este martes en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el reparto de 783,2 millones de euros, de los 24,4 millones serán para Extremadura, para financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), la misma cifra que el año pasado por falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En todo caso, la cifra propuesta ha sido autorizada en el seno del Gobierno y revalida el récord histórico de 2023 para financiar el SAAD, incrementando en hasta 500 millones más la dotación presupuestaria que hubo en 2021.
Así lo ha anunciado este martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha afirmado "que en legislaturas anteriores, concretamente en el año 2012 cuando gobernaba el Partido Popular", la dependencia en España "sufrió un importante recorte que fue letal" para la dependencia y ha añadido que "año tras año este Gobierno ha ido restaurando".
En su intervención, Alegría ha destacado que esta inversión permite "atender a un mayor número de personas que lo necesitan". "Estamos hablando, en este momento, de más de un millón y medio de personas que tienen que ser atendidas" con este sistema de la dependencia, ha dicho, para después reconocer que son "perfectamente conscientes de que queda todavía camino por hacer".
"Para nosotros, la Dependencia es una cuestión de Estado y vamos a destinar todos los recursos posibles que estén en nuestra mano para reforzar el sistema", ha declarado por su parte el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, al tiempo que ha explicado que este año se repite la cifra debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, y recordando que el objetivo es que el Gobierno de España siga aumentando esta cifra en los próximos años hasta alcanzar el 50% de la financiación total en cada territorio.
Bustinduy también ha destacado que la dotación presupuestaria aprobada este año incluye, entre sus principales objetivos, empezar a implementar la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización que ha desarrollado el Ministerio que dirige y que supondrá una "revolución en el modelo de cuidados" porque priorizará que las personas con dependencia reciban cuidados profesionales en su domicilio y en entornos comunitarios "para que puedan disponer de un proyecto de vida más digno frente al actual modelo de macrorresidencias".
De esta manera, el reparto de los más de 783 millones de euros incidirá en la puesta en marcha de esta Estrategia de Desinstitucionalización, aprobada hace un mes en el Consejo de Ministros, para dar preferencia a servicios centrados en la persona como los cuidados a domicilio, la teleasistencia y los centros de día. Además, el reparto se realiza en base a criterios objetivos como el número de personas atendidas y de población potencialmente dependiente en cada Comunidad Autónoma, la reducción de las listas de espera en el territorio, la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector, o el nivel de gasto que ejecute cada gobierno autonómico en este ámbito.
Según han informado desde el departamento que dirige Bustinduy, el dinero se reparte a través del mecanismo de financiación conocido como "nivel acordado", que permite a la Administración General del Estado distribuir créditos entre las Comunidades Autónomas, suscribiendo convenidos entre el gobierno central y el de cada región.
Así, el reparto para 2024 sería el siguiente: Andalucía, con 142,5 millones; Aragón, con 39,9; Asturias, con 25,4; Baleares, con 17,1; Canarias, con 25,3; Cantabria, con 14,8; Castilla y León, con 85,5; Castilla-La Mancha, con 41,5; Cataluña, con 107,7; Comunidad Valenciana, con 68,1; Extremadura, con 24,4; Galicia, con 49,7; Madrid, con 102,6; Murcia, con 19,9; La Rioja, con 17,8; Ceuta, con 182.000 euros; y Melilla, con 222.000 euros.
La distribución de estos créditos llega al Consejo de Ministros tras haber debatida sido ya debatida con las Comunidades Autónomas en diversas reuniones bilaterales, en la Comisión Delegada del Sistema para la Autonómica y Atención a la Dependencia, en el Comité Consultivo del SAAD, y en el Consejo Territorial de Servicios Sociales para la autonomía y Atención a la Dependencia. Además, esta distribución también se elevará al Consejo Estatal de las Personas Mayores, al Consejo Nacional de la Discapacidad, y el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.
El siguiente paso es elevar de nuevo esta propuesta de distribución al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para su aprobación definitiva. Y, a partir de ese momento, será cuando se suscriban los convenios con cada territorio.
Asimismo, fuentes de Derechos Sociales aseguran que esta vía de financiación del nivel acordado fue suspendida en 2012, "cuando quienes gobernaban en ese momento recortaron el sistema de la Dependencia, y no fue recuperada hasta el año 2021 por el Gobierno de coalición". En este sentido, también subrayan que "ha costado mucho esfuerzo hacer frente al déficit financiero que arrastraba el sistema", cuya dotación se incrementará "significativamente" en los próximos años, indican, con la aprobación de nuevos presupuestos.
