Extremadura ha registrado hasta abril un superávit de 106 millones de euros, el 0,57 % del Producto Interior Bruto (PIB) regional, según el Ministerio de Hacienda.
Hace un año Extremadura tenía un déficit de 110 millones, el 0,53 % del PIB.
El gasto sanitario en la región hasta abril a consecuencia del COVID-19 ha sido de 32 millones, el 0,17 % del PIB.
Las medidas de liquidez aprobadas por el Gobierno han permitido a las comunidades autónomas registrar hasta abril un superávit del 0,02 % del PIB, frente al déficit del 0,22 % del PIB de un año antes, con trece comunidades con saldo positivo -salvo Andalucía, Madrid, Navarra y Comunidad Valenciana- frente a las cinco del ejercicio anterior.
El déficit acumulado por el Estado se disparó al 2,88 % del PIB hasta mayo (32.251 millones de euros), tras más que duplicarse (creció el 107,3 %) respecto al mismo periodo del año anterior como consecuencia de la crisis sanitaria y de las medidas adoptadas para amortiguar su impacto económico.
De acuerdo con los datos actualizados este martes por el Ministerio de Hacienda, el déficit acumulado por las Administraciones Públicas entre enero y abril pasados, sin contar con las corporaciones locales, creció un 256,7 %, hasta 24.043 millones equivalentes al 2,15 % del producto interior bruto (PIB).
La escalada del déficit del Estado hasta mayo se debe al descenso de los ingresos del 10,6 % (hasta 63.950 millones) por la paralización de la actividad económica y al aumento de los gastos del 10,8 % (hasta 95.017 millones) por las medidas adoptadas para mitigar los efectos de la crisis.
Los recursos procedentes de impuestos, que representan el 80,1 % del total, suponen 50.247 millones, descendieron el 14,2 %, con caídas en prácticamente todas las figuras tributarias.
La recaudación por el impuesto sobre el valor añadido (IVA) cayó un 13,9 %, hasta 25.721 millones, mientras que la del impuesto sobre Sociedades disminuyó un 6,7 % y la del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) un 31,5 %.
También descendieron los impuestos sobre el capital un 28 % y las cotizaciones sociales un 2 %.
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