La Junta de Extremadura prepara un proyecto de decreto que va a regular el modo en el que se tiene que llevar a cabo en nuestra comunidad la interrupción voluntaria del embarazo. Ese texto, que ahora se somete a un período de información pública, incluye la puesta en marcha de un registro de profesionales sanitarios objetores a la práctica del aborto.
Se ajusta así a la reforma de la ley nacional de interrupción voluntaria del embarazo, que debería haber empezado a aplicarse en marzo de 2023 y que contemplaba la obligación de cada comunidad de crear un registro de objetores. Quienes quieran acogerse a la objeción, algo que pueden hacer todos los profesionales sanitarios relacionados con esa práctica, tanto en la sanidad pública como en la privada, deben presentar la correspondiente declaración por escrito al menos tres días naturales antes de la fecha del aborto.
La idea es que los centros sanitarios públicos de la región se organicen para que en ellos se puedan practicar abortos, y así garantizar ese derecho. Hasta ahora, aquí sólo se puede hacer en clínicas privadas, y si quieren llevarlo a cabo a través de la sanidad pública, tienen que ir a otras autonomías. Durante 15 días podrán presentarse alegaciones o sugerencias al proyecto de decreto. Transcurrido ese tiempo, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura.
Andalucía, Castilla-La Mancha o Castilla y León son otros territorios que, al igual que el nuestro, todavía no tienen registro de objetores del aborto. Cantabria lo ha aprobado recientemente.
