A partir del viernes desaparecen los ERTES por covid que se pusieron en marcha por la pandemia. Los últimos datos disponibles en Extremadura hablan de 436 empresas y de 1.100 trabajadores acogidos a este tipo de ERTE. Así lo han hecho empresas como Montosa, en Mérida. De cinco trabajadores, cuatro están con ERTES a media jornada. "Estamos esperando que la asesoría nos comunique cómo actuar", señala Raquel Montosa, encargada de la tienda. "Se necesita la ayuda porque la economía no ha vuelto recuperarse como antes de la covid, la idea es hacer un nuevo ERTE", lamenta.
Durante este mes de marzo, las empresas se han tenido que adaptar a las nuevas figuras de ERTES aprobadas en la reforma laboral. Son los ERTE por fuerza mayor, por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, y el mecanismo RED, que es un instrumento de carácter permanente para que las empresas puedan acogerse a un expediente de regulación temporal de empleo con bonificaciones en determinadas circunstancias. La otra opción es que el trabajador vuelva a su puesto de trabajo. "Si las necesidades de la producción de la empresa lo justifican, se tienen que acoger a un nuevo ERTE, pero no puede haber despidos", señala Francisco Morcillo, de UGT. Si el trabajador no se reincorpora, la empresa tiene que solicitar un nuevo ERTE a la Administración. "Y sentarse con el sindicato, con los representantes de los trabajadores y empezar a negociar ese nuevo ERTE", afirma Alberto Franco, de Comisiones Obreras.
"Un despido no se hace a capricho"
Si la empresa no se acoge a un nuevo a este tipo de mecanismo y decide despedir a algún trabajador, sería penalizada, algo con lo que no están de acuerdo los empresarios. "No nos parece oportuno que otra vez se sigan vinculando las ayudas, por muy legítimo que sea porque sean ayudas públicas, a no poder las empresas tomar decisiones", critica Javier Peinado, secretario general de la CREEX. "Tienen la seguridad jurídica de que un despido no se hace a capricho", añade.
Las empresas acogidas a los ERTES tienen que mantener en sus puestos a los trabajadores mínimo seis meses.
