La asociación Galgos del Sur se ha personado como acusación popular en el procedimiento por maltrato animal abierto en el juzgado de Llerena contra el hombre que dejó morir de inanición a 32 perros de caza de una rehala en la localidad pacense de Azuaga este verano.
Cabe recordar que los hechos se remontan al pasado mes de julio, cuando el Seprona de la Guardia Civil encontró indicios de que, en una nave de esta localidad, pudiera haber perros en mal estado y desatendidos por su propietario, por lo que llevaron a cabo gestiones para localizar al responsable y titular del inmueble.
Una vez llevada a cabo la inspección en presencia de su dueño, un vecino de Azuaga, los agentes hallaron 32 cadáveres de perros diseminados por las instalaciones, que presentaban "extrema delgadez y signos de abandono, y estaban en diferentes estados de descomposición", señala Galgos del Sur en nota de prensa.
Los animales estaban "abandonados a su suerte desde el pasado mes de junio, algunos de ellos sueltos, otros atados con cadenas o en el interior de boxes", y todos ellos se encontraban en "condiciones deplorables" de salubridad, sin agua y comida, una situación que llegó a causarles la muerte por inanición.
Incluso, algunos de ellos habrían intentado alimentarse con los cadáveres en descomposición de los animales ya fallecidos, apunta la asociación.
Una vez recogidas las pruebas incriminatorias, se investigó al propietario por un delito de maltrato animal, y las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Llerena y Fiscalía de Medio Ambiente de Badajoz.
Galgos del Sur recuerda que "ya han conseguido varias sentencias por maltrato animal a perros de caza", y ahora se personan en este caso con el objetivo de "conseguir justicia para los 32 perros de rehala presuntamente maltratados, aun siendo conscientes de la laxitud del Código Penal en esta materia, con penas y multas irrisorias para la gravedad de los hechos", lamenta.
Finalmente, la asociación ha pedido al Gobierno central un aumento de las penas por maltrato animal que permita la entrada en prisión de los maltratadores.
